El arbitraje laboral: a propósito de las disposiciones de la Resolución 344/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Por el Dr. Alejandro Losito – Asociado de ASB Abogados

En tiempos de pandemia, el Poder Judicial ha optado por decretar feria extraordinaria (acordada 6/2020 CSJN) y tratar solo aquellos casos que no admitan demora o estén relacionada con el libramiento de giros de carácter alimentario (acordada 9/20 CSJN). Las contiendas iniciadas o por iniciarse deberán aguardar y adicionar un tiempo extra a la ya escandalosa demora de los trámites judiciales.

 

El ciudadano se encuentra privado del acceso a la justicia y, al parecer, la función judicial puede tomarse “vacaciones” en tiempos críticos, donde resulta esencial el “delivery” de comida pero no el derecho de ese trabajador de reclamar ante el juez la reparación ante un eventual despido indirecto o el pago de diferencias salariales; resulta esencial el trabajo de una ferretería pero no el de los jueces para que dicten una sentencia para dilucidar una cuestión que ha tramitado por años y cuyo eventual crédito tiene naturaleza alimentaria.

 

La resolución 344/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (en adelante Ministerio de Trabajo) fijó un procedimiento para garantizar el acceso a las instancias conciliatorias y de mediación previas obligatorias compatible con el Aislamiento Social Obligatorio y Preventivo; audiencias remotas, ratificaciones de acuerdos y cierre de procedimientos por vía electrónica, pago de acuerdos en cuenta bancaria, etc. De ese modo los conflictos podrán canalizarse pese a las circunstancias actuales,  lo cual no hace más que dejar en evidencia que el poder judicial, órgano que debiera garantizar el derecho humano al acceso a la justicia, es lenta en tiempos normales y obsoleta en tiempos apremiantes[1].

No es admisible, en ninguna circunstancia, que los derechos individuales y colectivos de las personas queden sin amparo jurisdiccional o en modo de espera, pues la resolución de los conflictos por medios pacíficos es la piedra angular donde se sostiene sociedad jurídicamente organizada y el Estado de derecho.

 

La justicia, como función, jamás puede frenar o restringirse y quizás estas “vacaciones” del poder judicial, como órgano monopólico que administra la función, nos revele la necesidad de contar con medios alternativos para, en palabras del Dr. Alejandro Lareo, “aprovechar una nueva oportunidad de brindar a la sociedad mayores y adecuadas herramientas para la gestión y resolución de conflictos”[2].

 

Por ello, aquí hablaremos de una de las opciones: el arbitraje laboral voluntario dispuesto por la ley 24.635.

 

La primera pregunta: ¿cuál sería la ventaja para las partes?

 

Uno de los deberes esenciales del servicio de justicia es la garantía constitucional del debido proceso que incluye necesariamente el derecho (humano) de las partes a obtener una sentencia en tiempo razonable[3].

 

El tiempo razonable es, junto con la imparcialidad, la competencia, la razonabilidad, la fundabilidad y la sana crítica, elementos sustanciales del acto jurisdiccional válido.

 

Ninguna decisión jurisdiccional puede ser considerada válida cuando la demora ha distorsionado el sustrato del conflicto y la justa composición de derechos e intereses, pues, en el caso, es injusto que el trabajador deba aguardar cinco años para percibir su crédito laboral y también lo es que el empleador deba responder por una relación agotada tantos años atrás y erogar esos créditos con monstruosa acumulación de intereses que incluso lo pueda llevar a una paralización de la actividad que afecte a los actuales puestos de trabajo.

 

El Poder Judicial (al menos el fuero laboral) muchas veces ha fracasado en garantizar el tiempo razonable y todo indica que la “licencia

extraordinaria” vendrá a agravar aún más la situación, pues aquellos conflictos nuevos que nazcan podrán sustanciarse ante el SECLO pero tendrán que aguardar el inicio de la demanda hasta que la justicia reanude su actividad.

 

Así, agotada la instancia obligatoria, la opción es que las partes pueden suscribir un “compromiso arbitral” que contendrá: a) Nombre del o de los árbitros; b) Puntos sujetos a arbitraje; c) Medios de prueba y plazos de ofrecimiento y producción; d) Plazo para el dictado del laudo; e) Los honorarios del arbitro y la forma de pago. La norma dice  luego que el “procedimiento arbitral, plazos y demás circunstancias procesales no previstas expresamente en dila presente ley, se aplicarán los principios y la normativa establecidos en los arts. 736 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”.

  • Acuerdo del procedimiento (elección de árbitros):
     

Así las cosas, la norma habilita a que las partes elijan los árbitros, puedan establecer el lugar donde tomarán intervención (habrán de conocer), el procedimiento a seguir y el lugar donde deben laudar, el plazo para pronunciar el laudo, imposición de multas para evitar apelaciones, etc.

Las partes podrían pactar, por ejemplo, llevar adelante el arbitraje por medios electrónicos, que comprendería las audiencias testimoniales o disponer de los estudios de los abogados para llevarlas adelante coordinando el día en que se tomarán los testimonios permitiendo la grabación para tener una impresión del modo (no solo del frío contenido) en el que ha sido brindado; pactar procedimientos orales, incluso en la formulación de las demandas y contestaciones de demanda, impugnaciones y alegatos - ahorrando de ese modo perífrasis innecesarias en las que muchas veces se incurre cuando se redacta - resolver qué medios de prueba serán admitidos para evitar la dilación; establecer  el pago del eventual crédito que se reconozca en la cuenta bancaria del trabajador, con el solo requisito que sea una caja de ahorro (cuya apertura es gratuita y sin costos de mantenimiento) en moneda de curso legal y a su exclusivo nombre, evitándose de ese modo el claustro que significa el pago en cuenta judicial (art. 277 LCT).

Se garantizaría la inmediación del juzgador, pues aquí no intervendrían funcionarios judiciales que reemplazan al juez, sino que los propios árbitros tomarían contacto directo y recibirían a las partes, a los testigos y analizarían las pruebas y constancias de la causa.

 

Es decir, la ventaja es la posibilidad que las partes puedan resolver el conflicto mediante la sustentación de un procedimiento ágil, propio y pactado, con las mismas garantías de imparcialidad, razonabilidad, defensa, seguridad y ejecutoriedad que el brindado por el proceso judicial, herramienta necesaria más aún en estos tiempos de pandemia.

  • Laudo fundado en plazo razonable:
     

El poder judicial puede dictar una sentencia por fuera del plazo razonable y agregarle a esa falta que la sentencia esté desprovista de todo apoyo legal. Este lamentable hecho no es una excepción, pues basta ver que desde antaño la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que crear pretorianamente la conocida doctrina de la arbitrariedad de sentencia[4] como causa - no tipificada - para habilitar el Recurso Extraordinario.

 

Las sentencias tildadas de arbitrarias no son actos jurisdiccionales válidos pues su resolución no es consecuencia de una derivación razonada del derecho y de las constancias de la causa, sino sustentada en la mera voluntad de los jueces o en conceptos dogmáticos que solo dan un aparente fundamento a la decisión o con violación a la ley con o con demora injustificada, entre otras cuestiones. Pese a que una sentencia de este estilo carcome el afianzamiento de la justicia, el juez que incurre en tal acto reprochable, no tendrá ninguna sanción.

 

El árbitro no se encuentra amparado por la garantía de inamovilidad de sus compensaciones ni por la garantía de conservación de su empleo mientras dure su buena conducta[5], sino que su única garantía (y deber) es “cumplir con su cometido”, y ello implica laudar en plazo, fundadamente, conforme las constancias de la causa y en forma motivada, bajo apercibimiento de responder por daños y perjuicios[6]. El árbitro queda al escrutinio de su buenos oficios y prestigio, pues de eso depende la fiabilidad del sistema y la futura elección por los contendientes, mientras que el juez solo necesita de su jurisdicción a la que forzadamente deben recurrir los contendientes.   

 

Esto da la pauta que el arbitraje puede garantizar la adecuada resolución del conflicto, con arreglo a derecho, garantizando la imparcialidad, ajustada a derecho y con celeridad pues en su laudo no solo va la justicia sino el propio prestigio.

  • Ejecución del laudo:
     

La ley determina que el laudo consentido es ejecutable ante los juzgados de primera instancia del trabajo, del mismo modo que lo son los acuerdos extrajudiciales homologados por el SECLO.

 

La ejecución de estos créditos, que no requieren de una sustanciación ordinaria, ni de un debate amplio y que reconocen un derecho alimentario, podrían ser instados incluso en tiempos de feria extraordinaria ante el juez de turno.

La segunda pregunta: ¿es viable su aplicación?

Cuando los abogados asistimos a las audiencias conciliatorias obligatorias y la instancia se cierra por falta de acuerdo, el acta contiene una leyenda proforma que indica que, de conformidad con la ley 24.635, el conciliador ofreció a las partes la resolución por vía del arbitraje y que las partes “rechazan”, lo cual no es más que una simulación pues el ofrecimiento nunca sucede ni se explica ni se abre como opción para solucionar el conflicto, pero indica la vigencia del procedimiento.

 

Sin embargo, el Código Civil y Comercial de la Nación, ley general posterior, ha regulado el contrato de arbitraje y expresamente excluyó a las materias “derivadas de las relaciones laborales[7]”, de modo tal el arbitraje laboral voluntario de la ley 24.635 se encontraría derogado o, al menos, impactado de tal modo que el laudo dictado carecería de fiabilidad como acto jurisdiccional.

 

Podría decirse, para superar este obstáculo que el Código Civil y Comercial de la Nación al ser una norma general debería derogar

expresamente las disposiciones de la ley 24.635 en su parte pertinente, lo cual no hace, y esto habilitaría a sostener que esta última norma especial prevalece sobre la general.

 

Para el caso que se considere vigente el procedimiento arbitral en el ámbito del derecho del trabajo se presenta el problema de la posibilidad del recurso pleno del laudo ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo. El arbitraje se sustenta fundamentalmente en el compromiso arbitral, en el pacto de acatar el laudo sin recurrir a otra instancia, es un pacto exigible, inmodificable y ejecutable cuyo fin precisamente es lograr una resolución del conflicto en única instancia y en tiempo razonable por personas que han sido elegidas libremente por las partes.

 

Por ello, habitualmente en el arbitraje se pacta la renuncia a todos los recursos menos el de nulidad (art. 760 CPCCN), con el fin de darle al laudo un carácter definitivo. En cambio, la ley 24.635 admite un recurso pleno, con lo cual la contienda necesariamente terminará en los estrados judiciales en tanto es razonable pensar que todo sujeto perdidoso buscará esta segunda instancia, desnaturalizando de ese modo el sentido del compromiso arbitral y por ende del arbitraje.

 

En definitiva nos encontraríamos en el mismo problema: el laudo sin autoridad de cosa juzgada por falta de confirmación del órgano judicial que se encuentra de feria y las partes aguardando que se reanuden los plazos procesales. Sería necesario modificar la ley y permitir la renuncia de los recursos plenos dejando a salvo únicamente el de nulidad cuyo ejercicio debería incorporar una sanción (al menos cautelar y, para el caso del trabajador, diferida al resultado).

 

Pero aquí aparece la preferente tutela constitucional de los derechos del trabajador, expresado en la irrenunciabilidad de derechos, y el orden público laboral.

 

El principio de irrenunciabilidad anula por completo la disposición de los derechos esenciales del trabajador, de modo tal que, aun consintiendo libremente la renuncia de los derechos tutelados, esa cláusula no tendría ningún valor.

El orden público laboral lo constituyen las normas inderogables por la voluntad de las partes; es el piso legal sobre el cual las parte pueden comenzar a negociar, hacerse concesiones y renunciar, por debajo de ese mínimo inderogable prima la ley y no los pactos.

 

Sin embargo, la tutela no es absoluta en tanto el trabajador es libre de transigir y conciliar cuando exista una justa composición de derechos e intereses. El compromiso arbitral se presenta entonces como una opción de la jurisdicción, por el cual las partes pueden libremente optar para solucionar sus diferendos entiéndelo como una ventaja frente a la opción de acudir al poder judicial, sin que ello implique la renuncia o el sometimiento de derechos que son irrenunciables o de orden público.

 

El compromiso arbitral lleva implícitamente la manda que los árbitros deberán respetar estos principios esenciales y laudar conforme a ellos, pues lo contrario sería emitir un laudo nulo.

 

Finalmente, se requiere capacitación para darle seguridad y profesionalismo al procedimiento arbitral. El Estado Nacional, podría constituir tribunales arbitrales permanentes, habilitar un listado de árbitros de reconocida solvencia y capacitación, establecer procedimientos modelos que las partes pueden adoptar y darle protección legal a los laudos arbitrales de modo tal que las partes sepan que esa decisión es defintiva.

 

Todas estas situaciones requieren de una respuesta legislativa que permita rápidamente atender el problema de la paralización judicial y de la administración de justicia. Los Sres. legisladores se encuentran discutiendo y consultando si pueden sesionar cuando la respuesta es obvia: por supuesto que sí, su trabajo es esencial como representantes del pueblo y de las provincias de la Nación y su función no es delegable en el Poder Ejecutivo so riego de soportar la pena de los infames traidores a la Patria[8].

A modo de conclusión:

La ausencia de experiencia en el derecho del trabajo no es obstáculo alguno para abandonar el intento de pensar un sistema arbitral que sea aplicable y que respete los principios del derechos del trabajo, pues “el arbitraje laboral es posible, esta previsto y es recomendado.

 

Los trabajadores pueden someterse a arbitraje, por lo tanto podrán suscribir cláusulas compromisorias siempre que cuenten con la suficiente tutela legal provista por la participación de un letrado de su parte o del sindicato, y quién emitirá el laudo  sea en principio una institución a elección del trabajador por ofrecimiento del empleador de una serie de ellas reconocidas como independientes, confiables, privadas o públicas y ajenas a las partes, tribunal arbitral colegiado con árbitros elegidos por las partes salvo el institucional”[9].

 

La experiencia en otras ramas, como en el derecho comercial ha sido más que satisfactoria - al menos en lo que hace a contratos internacionales o contratos de gran magnitud – donde se observa incluso que las partes huyen ante la idea de tener que litigar por años, ante múltiples instancias, con altos costos y ver como el negocio jurídico se cae a pedazos mientras simplemente esperan a que el Estado brinde la solución.

Recurren a árbitros que gozan de prestigio y confianza, que pueden ser domésticos o internacionales, radicados en distintas partes de mundo, expertos en la materia que se discute, donde la distancia física entre ellos no confiere ningún problema; hace tiempo que deliberan remotamente y no hay impedimento para laudar, salvo que falle internet, es decir su aplicación es ágil, flexible, práctica y confiable y es tiempo que el derecho laboral tenga también una alternativa.

 

En tiempos apremiantes es necesario que el derecho se pueda hacer valer, los trabajadores y empleadores no pueden quedar condenados a la espera porque sus casos no son considerados urgentes o, peor, estimados como susceptibles de soportar mayor demora; ningún derecho puede ser condenado a la espera porque pertenece a la persona no a la jurisdicción y por lo tanto quizás sea tiempo de darle una oportunidad al arbitraje laboral.

[1] No es objeto de este comentario hablar de las causas que llevan a que el poder judicial, pese a ser esencial, se encuentra imposibilitado de ejercer adecuadamente su función, pero ciertamente no es excusa ni justifica este escándalo que significa que el poder que equilibra y frena los eventuales abusos del poder ejecutivo y es el intérprete de las leyes y constitución, reconoce y declara derechos, se encuentre de feria.

[2] Alejandro C. Lareo “Arbitraje Laboral. Cláusula compromisoria y orden público”. Publicado en El Derecho 11 agosto 2003 N° 10.814

[3] Art. 8 inc. 1 del Pacto de San José de Costa Rica (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).-

[4] “Rey c/ Rocha” Fallos: 112:384.-

[5] Art. 110 de la Constitución Nacional.-

[6] Cfr. art. 745 CPCCN.-

[7] Art. 1.651 inc. e) del Código Civil y Comercial de la Nación.-

[8] Art. 29 de la Constitución Nacional.-

[9] Alejandro C. Lareo Ob. Cit.-

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