Asociaciones Civiles y Simples Asociaciones. Cupo femenino

Por el Dr. Alejandro Lareo, socio de ASB Abogados

Como muchos saben, tengo debilidad por las Asociaciones Civiles y Simples Asociaciones.  Es por ello que quería advertirles q el día 11 de agosto el inquieto Dr Nissen, dictó la Nueva Resolución IGJ 35, que tal como anticipé en otras notas de opinión, viene a agrandar el espectro de instituciones a ser alcanzadas por las disposiciones de cupo femenino en los Órganos de Administracion.

 

La Resolución IGJ 35/2020, a instancias de su artículo 2, estableció la obligación de establecer una composición del Directorio, órgano de Administración o de fiscalización, integrado por la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos, o -  cuando la cantidad de miembros a cubrir fuera de número impar -  con un mínimo de un tercio de miembros femeninos;  a partir de las próximas “…designaciones de los miembros de los órganos de administración, y en caso de corresponder de fiscalización, electos en cada oportunidad de su designación con posterioridad a la entrada en vigor de la misma…”

Para ver el análisis completo de la Resolución 34/2020: https://www.asbabogados.com.ar/diversidad-de-genero-en-sociedades

De tal modo que ahora no son sólo las nuevas Asociaciones, sino como anticipamos, terminaría afectando a las ya constituidas y que cambien o deban cambiar de autoridades. Si bien es cierto que los considerandos, menciona que la nueva Resolución viene a “aclarar” una situación, la realidad es que esta nueva resolución, lejos de ser aclaratoria, es modificatoria: plantea la real intención de inicio, que es abarcar a todos.

 

No debemos olvidar que en esta nueva resolución, se acordó de la Pandemia y extendió el plazo de regularización de aquella tan vieja Resolución 34 del 3 de agosto de 2020 posponiendo su vigencia por 60 días o las prórrogas hasta que terminen los efectos de la Pandemia. 

 

Agrego también, un tema que para muchos pasó inadvertido en la Res. 34 y que a nuestro criterio puede tener un alto impacto hacia delante. Se instituyó un nuevo control en su articulado,  control que  - leído al paso -  parecía ser en línea con los cambios de los Órganos de Administración y su cupo femenino, pero que leído con adecuado detenimiento demuestra que la intención de la Resolución IGJ 34/2020 (Art 7) sin estridencias ni disimulos, faculta a la Inspección a examinar a las Asociaciones Civiles y Fundaciones  a todas, a las nuevas, las viejas, a las por crearse, en sus estatutos y reglamentos y en la prácticas internas relativas al uso de los bienes sociales y acceso a los servicios  “…a fin de evaluar su contenido en orden a la existencia o no en ellos de previsiones que admitan o posibiliten discriminaciones arbitrarias, de cualquier índole y/o limitaciones de los derechos a los beneficios contemplados en dichos reglamentos, por razones de sexo, nacionalidad, creencias religiosas y políticas, edad, raza, condición social y cualquier otra situación análoga...”

 

La amplitud de las facultades de inspección  - con posible denuncia ante el INADI – genera cierto riesgo que en la práctica sea una injerencia a la libertad de asociarse propia de este tipo de instituciones, tan valoradas socialmente para darle contenido a prácticas espirituales, deportivas, recreativas, sociales, etc.

 

Expresiones tales como “discriminaciones arbitrarias de cualquier índole” o “análisis del uso de los bienes o servicios” de la institución, con eventuales limitaciones que pueda haber fundado la institución por las razones antedichas, o “cualquier situación análoga”, obligan a generar una alerta hacia las instituciones, y sugerir una adecuada revisión de sus políticas, ya sea para modificar aquello que consideren desajustado o ya sea para ratificar y fundar lo que entienden legítimo.

 

En mi opinión, es importante analizar la intención subrepticia de estas resoluciones y evaluar en la práctica su ejercicio, debe respetarse desde ya la normativa de discriminación ilícita y establecer buenas prácticas en ese sentido, pero no debe afectar la libertad de asociación y determinación propia de las Asociaciones y Fundaciones.

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