Beneficio de litigar sin gastos en favor de una empresa

13883/2016/CA2 AGRO SER TEC S.A. C/ SAIMA S.A.I. Y M.A. Y OTRO S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2019.


1. La codemandada Saima S.A. apeló la resolución de fs. 251/252, que concedió el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la sociedad accionante en fs. 47/50.


El memorial que sustenta el recurso deducido en fs. 253 obra en fs. 255/260, y fue respondido en fs. 262/264.

La Fiscal General ante la Cámara fue oída en fs. 276/278.


2.

a) El beneficio de litigar sin gastos es un instituto establecido a favor de quienes, por insuficiencia de medios económicos, no se encuentra en condiciones de afrontar el pago de los gastos que necesariamente implica la sustanciación de un proceso. Su fundamento estriba -por un lado- en el principio de igualdad de las partes, -el cual supone que éstas se encuentran en una sustancial coincidencia o condiciones entre las que no sabe, desde luego, excluir las de tipo económico- y -por otro lado- en la garantía constitucional de defensa en juicio (conf. esta Sala, 28.4.15, “Di Falco, Alfredo c/ Hope Funds S.A. s/ beneficio de litigar sin gastos”; con cita de Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, t. III, p. 477).


Así es que, para que proceda la concesión del beneficio de litigar sin gastos, lo que debe demostrarse como circunstancias sustanciales, es la carencia de recursos adecuados para afrontar el proceso y la imposibilidad de obtenerlos, resultando de conformidad con lo dispuesto en el cpr. 377 carga del solicitante, la prueba de la concurrencia de los requisitos para la obtención del beneficio pretendido (Fassi-Yañez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado, T. I. págs. 468 y 469).


b) Sobre tales premisas, la Sala juzga que en el sub lite la peticionaria de la franquicia no acreditó de modo fehaciente la difícil situación económica que afirma atravesar, en términos que permitan valorar que carece en la actualidad de recursos suficientes que le posibiliten atender íntegramente el pago de las costas y gastos del juicio.


Es que, si bien no se soslaya que existen elementos que parecen respaldar la situación de carencia que invoca la pretendiente, lo concreto es que esas constancias resultan per se insuficientes para admitir la franquicia del modo pretendido.


Ello es así, pues si bien de los estados contables aportados a la causa surgiría que los últimos ejercicios económicos arrojaron pérdidas para la sociedad, no se aprecia -ni ello ha sido debidamente acreditado- que la empresa se encuentre en un estado de iliquidez tal que impida, de forma absoluta, hacer frente a los gastos que demanda la acción principal.


Además, el eventual estado de iliquidez no constituye, por sí solo, un elemento que predique que la sociedad hubiere intentado encarar otra actividad productiva al punto de superar este escollo y continuar con su giro empresarial.

Como dijo en alguna oportunidad el recordado Juez Butty, “la sociedad comercial debe contar, para la consecución del objeto para el cual se formó, con una infraestructura siquiera básica y elemental, acorde con el giro mercantil dirigido necesariamente a la producción o intercambio de bienes y servicios (LSC 1). Esta circunstancia distingue a la persona de existencia ideal mercantil del común denominador de los litigantes, pues contando con una estructura orgánica y funcional dirigida a obtener beneficios lucrativos, la imposibilidad de obtener recursos para afrontar demandas vinculadas con sus relaciones comerciales puede constituir, eventualmente, imposibilidad de consecución del objeto para el cual se formó (LSC 94:4°), pero nunca verdadera carencia de medios o imposibilidad de obtenerlos en el preciso sentido técnico que a tales expresiones les cabe en el marco del cpr 78 y ss. Solo puede obtener el excepcional beneficio quien se encuentra imposibilitado de obtener recursos por causas que le son ajenas y que no dependen de su propia voluntad. Y dicha imposibilidad, tratándose de una sociedad mercantil, se traduce necesariamente en una suerte de inoperancia que puede afectar su normal desenvolvimiento en el quehacer comercial, bien distinta de la modestia de medios económicos que concurre en quien puede litigar sin gastos. Por tanto, es natural corolario de la consecución del objeto de las sociedades comerciales la obtención de medios suficientes para hacer valer judicialmente, llegado el caso, sus derechos: mientras que el desenvolvimiento de la existencia de las personas de existencia visible o ideal no mercantiles, transcurre en varios ámbitos que sí pueden presentar circunstancias atendibles que indiquen la necesidad de actuar en justicia aun sin medios económicos para hacerlo, que no se relacionan, claro está, con la previsible consecuencia de la utilización con fines lucrativos del recurso técnico-jurídico de la personalidad moral” (CNCom B, 30.6.05, “Rainly S.A. c/ Lidnsay International Sales Corporation s/ beneficio de litigar sin gastos”).

 

Estas particulares circunstancias no cercenan el derecho de la persona jurídica de obtener la otrora llamada carta de pobreza.
 

Pero lo cierto es que la carencia absoluta de activo o liquidez, más que colocar a la empresa en aptitud de lograr el beneficio, la acercan a otro tipo de consecuencia jurídica, cual puede ser una situación de insolvencia que amerite su concursamiento (conf. esta Sala, 15.5.14, “Taysos S.A. c/ BMC Software Argentina S.A. s/ beneficio de litigar sin gastos”). 

c) Debe tenerse en cuenta, además, que la falta de recursos debe ser apreciada específicamente en relación con la substancia del litigio (conf. Podetti, J., Tratado de los actos procesales, Buenos Aires, 1954, p. 501; esta Sala, 8.3.12, “Debats, Daniel Eduardo c/ Banco Sudameris Argentina S.A. y otros s/ beneficio de litigar sin gastos”; íd., CNFed. Civ. Com. Sala 2, 13.5.88, “Silca S.R.L. c/ SEGBA S.A. s/ cumplimiento de contrato - beneficio de litigar sin gastos”).

Y a ello, se unen las consecuencias indirectas del beneficio.

Es sabido que quien litiga con tal gracia lo hace sin los riesgos propios que genera todo conflicto judicial. Y así, al amparo de salvaguardar el derecho de defensa de quien demanda, tal privilegio termina afectando, en muchos casos, el de su contrario.
Ello produce un lógico aunque pernicioso desbalanceo que en casos como el presente -de pretensiones de importante cuantía- asegura prácticamente al demandado solvente una carga de costas, aun morigerada, que atenta contra su libertad de litigar.


Por ello, el hecho de que se haya demandado por un monto considerable implica que deban extremarse los recaudos para la concesión de la franquicia, para evitar colocar a la contraparte del franquiciado en una posición incómoda, cual es litigar con una persona que ha sido eximida de afrontar los costos del proceso mientras que la otra -aún vencedora- podría resultar responsable de una porción de los gastos comunes. En otras palabras, resulta cuestionable que -sin acreditar fehacientemente la imposibilidad de obtener recursos- quien demande por una suma relevante pretenda desligarse de todos los riesgos derivados de la causa (conf. esta Sala, 30.7.12, “Puglisi, Luis c/ Esso S.A.P.A. y otros s/ beneficio de litigar sin gastos”).

3. En este escenario, conclúyese que la actora no acreditó la absoluta carencia de respaldo económico para encarar importantes demandas como la presente, y menos aún, una frustrada actividad en pos de recomponer su giro empresarial.


Congruente con ello, ha sido dicho que resulta impertinente el beneficio cuando no ha sido demostrada la imposibilidad de obtener recursos o realizar siquiera alguna actividad comercial productiva que permita salir del estado de iliquidez denunciada, máxime si se tiene en cuenta que por tratarse de una sociedad comercial, y por lo tanto con fines de lucro, el instituto en examen debe ser apreciado con suma prudencia (CSJN, 28.5.98, “Patagonian Rainbow S.A. c/ Provincia de Neuquén y otros s/ cumplimiento de contratos s/ beneficio de litigar sin gastos”).


Y en tal contexto, según premisas señaladas, la Sala juzga pertinente en 
el caso la admisión parcial del recurso deducido por la accionada; ello, con el alcance de eximir a la actora solo del pago de la tasa de justicia, mas no de los restantes gastos causídicos.


Ello, considerando que la ponderación de la prueba rendida en la solicitud de beneficio de litigar sin gastos puede llevarse a cabo con un criterio de mayor flexibilidad en lo relativo al pago de la tasa de justicia, ya que en tal hipótesis se comprometería la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, por cuanto la falta de abono de aquella podría erigirse en óbice para la iniciación o prosecusión del trámite (conf. esta Sala, 18.10.16, “Sauane Bourdin, Erika c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ beneficio de litigar sin gastos”).


No se advierte razón, en cambio, para aplicar igual criterio benévolo con relación al pago de los honorarios judiciales, habida cuenta de que en este supuesto ya no estaría en juego la posibilidad de acceder a la justicia, sino que la solución negativa sólo conduciría a que el litigante quede sometido, como cualquier otro, a las contingencias del resultado del pleito (conf. CSJN, 9.8.88, “Siderman, José c/ Nación Argentina”; esta Sala, 13.10.11, “Distribuidora Miva S.R.L. c/ Aguas Danone de Argentina S.A. s/ beneficio de litigar sin gastos”; íd., CNFed. Civ. Com. Sala 2, 17.3.89, “Aguado Benítez, Lilian Báez de c/ Adolfo Stel y otros s/ beneficio de litigar sin gastos”).


En definitiva, la franquicia para litigar sin gastos se limitará al pago de la tasa de justicia.

4. Las costas de ambas instancias habrán de distribuirse en el orden causado, en atención a la forma en que finalmente se dirime el caso (art. 68, segunda parte, del Código Procesal).


5. Por lo expuesto, y oída la Representante del Ministerio Público, se RESUELVE:
(i) Admitir parcialmente el recurso de fs. 253, con el alcance de eximir a la actora del pago de la tasa de justicia, y rechazándolo en lo demás pretendido.

(ii) Distribuir las costas de ambas instancias por su orden.


Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte  Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13) y notifíquese electrónicamente a la Fiscal y a las partes. Fecho, devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (art. 36 inc. 1º, Código Procesal).


El señor Juez Juan R. Garibotto no interviene por hallarse en uso de licencia (RJN 109). 

Pablo D. Heredia, Gerardo G. Vassallo, Horacio Piatti-Secretario de Cámara.

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