La carencia digital:  aceptar para crecer

Por el Dr. Ernesto Sanguinetti, Socio Director de ASB Abogados

Durante el año 2019 publiqué una serie de artículos en torno al trabajo digital, pregonando la necesidad de una regulación específica como una cuestión urgente para el Derecho del Trabajo.

Me refería con mayor precisión a los trabajadores o colaboradores de plataformas digitales que han desarrollado verdaderos modelos de negocios basados en la posibilidad de contar una extensa mano de obra disponible, por contratación “on demand”, coordinada por algoritmos y aplicaciones por geolocalización (Glovo, Uber, Pedidos Ya, Rappi, etc)

 

En aquel momento señalaba con cierta preocupación la mirada del actor laboral (jueces, doctrinarios, legisladores, abogados) en torno a esta nueva modalidad de trabajo y la necesidad de comprender que no se trata aquí de un conjunto de “poderosos” empleadores que se han puesto de acuerdo para eludir la normativa laboral; sino que estamos ante un cambio cultural profundo, de una nueva cosmovisión que altera los valores que fundamentaron al concepto del trabajo dependiente, por lo menos en la forma hasta ahora entendida

 

Resulta un hecho que el concepto de dependencia clásico ha quedado desfasado frente a la disrupción tecnológica, y lo que debemos analizar es la puerta de entrada a la protección de las leyes laborales, las notas que habiliten la protección y, posiblemente, distintas intensidades de protección. No tiene sentido que un gerente general tenga el mismo nivel de protección que el cadete de la misma empresa, y que al mismo tiempo el repartidor de Rappi no tenga derecho alguno.

 

La Pandemia Covid-19, que se instaló en nuestro país como urgencia desde comienzos de Marzo/2020, ha venido a poner en evidencia nuestra “carencia digital” y generando algunas evidencias que hasta ese momento solo eran ideas más o menos en comienzo de discusión.

 

Por un lado - diría irónicamente – todos los portavoces de la demonización del trabajador de plataforma digital, se han silenciado repentinamente, pese a que esos trabajadores siguen aún con un alto grado de desprotección social.

 

Por otro lado, con motivo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, se ha obligado a establecer el teletrabajo como modalidad de prestación, sin mayores previsiones regulatorias.

La implementación del teletrabajo de urgencia generó – tanto para el empleador como para el trabajador – la asunción de costos, problemas operativos y estructurales, pero, ante todo, la obligación de desarrollar la prestación sin un marco regulatorio, sin procedimientos y sin cultura organizacional. 

 

Por eso, el camino es aceptar primero nuestra carencia digital, entendiéndolo como una carencia cultural, y aquí radica uno de los problemas centrales de avanzar hacia la regulación.

Pese a que venía desde hace años (década) instalándose como una nueva dimensión laboral, en Argentina no contamos con previsiones legales, ni los sindicatos querían debatir el tema, ni las empresas– en su mayoría – estaban preparadas mediante auto regulación.  Ni hablar de los diferentes entes públicos (suficiente con observar la comedia de la justicia, aún intentando hace diez años transcurrir hacia la digitalización).

 

No obstante - en plena Pandemia y llenos de otras urgencias - se debaten distintos proyectos de regulación del teletrabajo, con una mirada que preocupa en algunos aspectos esenciales que hacen al sostén y desarrollo de esta modalidad laboral. Es presumible también que otros intentos legislativos pretendan meter mano en estas modalidades de trabajo digital en general.

 

El sentido común indica que el “contexto pandemia” no es el adecuado para instalar regímenes legales estructurados. En un marco legislativo de “urgencia” tal como se ha instalado desde Diciembre/2020 a la fecha, sería más prudente esperar y delegar la regulación a la autonomía de la negociación colectiva, como regulaciones de emergencia.

 

Nuestras urgencias pasan por la subsistencia de las empresas y del empleo. Pretender en este contexto dictar una ley de fondo implica asumir un alto riesgo de equivocarnos.

 

La negociación colectiva ha dado muestras suficientes de regular acuerdos transitorios de emergencia, con una mirada en el sostenimiento de las relaciones de trabajo, la fuente productiva y de protección del trabajador. Muchos sindicatos y muchas cámaras empresarias han demostrado, en esta urgencia (como en otras tantas de nuestro país) ser elocuentes y creativos para superar las crisis.

 

Por eso, entiendo que no es momento de debatir una ley, es momento de darle herramientas a la negociación colectiva.

Para poder debatir una ley, necesitamos hacerlo en un contexto amplio, sin urgencias y enriqueciendo el debate. Incluso la experiencia de la Pandemia en torno al trabajo digital, va a sumarnos hechos e información para un debate más objetivo.

 

Debatir una ley implicará animarnos a romper ciertos prejuicios: muchas de estas regulaciones implicarán modificaciones a regímenes o derechos laborales que hoy consideramos inalienables. (Positiva la declaración del Sr. Diputado Facundo Moyano al afirmar “si defendemos a los trabajadores hay que dar una discusión más profunda, por ejemplo acerca de un sistema impositivo integral” - véase https://www.infobae.com/politica/2020/06/21/facundo-moyano-con-un-40-de-trabajadores-no-registrados-tenemos-que-discutir-el-sistema-laboral-impositivo-y-previsional/)

 

La Argentina, culturalmente, se encuentra atrasada en materia digital. La “industria y sociedad 5.0” no es una ficción.  Es un modelo que ya varios países han anticipado y vienen desarrollando. Trabaja sobre la acumulación de datos masivos en tiempo real y, por otra, por una cultura de excelencia en los procedimientos y hábitos productivos, a lo que deberemos sumar el papel prioritario que la “big data”, el internet de las cosas y el avance día a día de los algoritmos, tienen tanto en los procesos productivos, como en los de regulación de oferta y demanda, selección, etc.

 

Pretender discutir una ley, sin analizar como fomentar este modelo productivo y social; y a la vez regular sus excesos y desvíos, es un error de fondo y genera con alta probabilidad, que dictemos una ley que sea vieja antes de comenzar su vigencia.

 

No deja de ser curioso que haya tenido que ser una pandemia de efectos devastadores la que haya impulsado el proceso de transformación digital, que nos obligue a tomar decisiones y a aceptar estas modalidades de trabajo de una forma amplia. Este cambio de actitud, aunque forzado, no tiene marcha atrás.

 

Y nos permite entender que las tecnologías digitales serán indispensables para el futuro de las empresas, las instituciones y, por supuesto, la ciudadanía y las administraciones públicas; y deberemos aceptar el desafío de la transformación con una mentalidad abierta, creativa y, sin duda, innovadora.

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