Contratos bancarios de consumo

Implicancias del Virus COVID - 19 y la aplicación de la teoría de la imprevisión.

Sabido es que gran cantidad de personas estuvieron alentadas por el Poder Ejecutivo Nacional (“PEN”) principal o mayoritariamente durante los años 2016 y 2017, a obtener créditos UVA (personales, prendarios o hipotecarios) con la apertura del correspondiente paquete bancario (cuenta corriente, caja de ahorros, etc), siendo inducidos por una importante batería de publicidad y propaganda, sobre las bondades de tales créditos y las reales posibilidades de su devolución en tiempo y forma en el marco de una economía que se decía venía a estabilizar la inflación y hacer creíble y sustentable la economía Argentina. 

Lamentablemente nada de esto ocurrió. 

 

En efecto, desde mediados del 2018 la inflación se desató con tasas muchas más altas de las que venía teniendo el país e hizo insostenible las pautas contractuales convenidas originariamente en el mutuo (el “préstamo”) personal, prendario o hipotecario, habiendo a lo largo del país cantidad de reclamos iniciados con distinta suerte por los clientes contra las entidades bancarias.

 

Todo ello se potenció -indudablemente- con motivo de COVID - 19, en detrimento de los clientes quienes a su ya desventajosa situación contractual inicial, le sumaron primero las promesas no cumplidas del Estado Nacional de doblegar y/o al menos de contener la inflación; y, luego, se acaba de sumar la crisis mundial generada por esa enfermedad que promete sostenerse en el tiempo, hacer estragos en la economía y, a consecuencia de ello,  dejar a mucha gente sin trabajo o en condiciones mucho peores que las que tenía en forma previa a su abrupta irrupción y por lo tanto no poder cancelar sus deudas. 

 

Como hemos dicho en otras publicaciones, resulta de absoluta obviedad que el PEN tuvo que dictar por cuestiones de necesidad y urgencia, a efectos de preservar la salud pública, una serie de decretos (hecho del príncipe) que impiden por caso fortuito o fuerza mayor cumplir con el pago del precio convenido contractualmente en tanto el aislamiento dispuesto genera que una parte no pueda tener ingresos suficientes para cubrir sus costos, y de allí surge estricta necesidad de aplicar ciertos elementos protectores a los contratos en curso de ejecución a fin de preservar las relaciones contractuales vigentes y equilibrar las pérdidas en forma proporcional entre todos los integrantes de la comunidad. 

 

Esto genera que debamos hacer algún somero análisis de las Mutuos y de los derechos y obligaciones que ambas partes tienen, es decir el Mutuante (la “entidad bancaria”) y el Mutuario (el “cliente”), y, ver qué opciones tienen estos últimos, a efectos de, en lo sucesivo, lograr morigerar la tasa pactada y obtener la nulidad de las cláusulas abusivas, sea por intermedio de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor  y/o por la aplicación de la teoría de la imprevisión del art. 1091 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (“CCyCN”), en el marco de hechos nuevos sobrevinientes que no pudieron ser conocidos, ni previstos por ninguno de ellos y que afectan el deber de información y de trato digno.

 

En primer lugar cabe indicar que todos esos mutuos deben ser considerados contratos de consumo según lo dispone el art. 1093 CCyCN, y que así también lo indica la propia ley de defensa de consumidor.

 

A consecuencia de ello, los mutuarios, por estricta aplicación del art. 1092 del CCyCN y del art. 1 de la ley de defensa del consumidor deben ser definidos lisa y llanamente como consumidores; o, en su defecto, si se desea ahondar o profundizar sobre el concepto, en “consumidores financieros” que obviamente tienen las mismas garantías y protecciones que el consumidor común del CCyCN y de la ley de defensa del consumidor.

  

En el caso es claro que el oferente, es decir el mutuante violó y/o viola en la actualidad el deber de buena fe y de información en sentido amplio de la ley de defensa del consumidor y que por ello es aplicable al caso el art. 37 de la misma y de ahí que el juez pueda decretar la nulidad de la cláusula abusiva de la tasa interés que torna imposible la devolución del préstamo concedido por haberse violado derechos del consumidor, fijando una nueva a futuro.

 

Toda esta batería de normas consumeriles tiene directa vinculación en su aplicabilidad al caso en estudio con la “teoría de la imprevisión” legislada actualmente en el art. 1091 del CCyCN, norma que, a su vez, posee relación con el caso fortuito o la fuerza mayor (art. 1730 CCyCN), y con el hecho del príncipe. 

 

Preliminarmente cabe destacar que la teoría de la imprevisión tiene indudable fundamento legal en la buena fe cuyo principio general obra en el art. 9 del CCyCN, el cual se hace absolutamente aplicable a los vínculos contractuales,  mucho más aun en los de CONSUMO (arts. 1092 y 1903 CCyCN), en tanto, así lo dispone expresamente la propia ley en el art. 961 del CCyCN. 

 

De allí que, todas las partes, pero mucho más aún la parte fuerte del contrato (el Banco o entidad financiera “mutuante”) deban dispensarse buena fe a lo largo de la negociación, interpretación y ejecución del contrato. 

 

La buen fe tiene por función: i) complementar el ordenamiento legal, ii) Limitar los derechos subjetivos; y, iii) corregir el ordenamiento jurídico.

 

En ese marco es que no se puede forzar a una parte a cumplir su obligación cuando han cambiado sustancialmente las condiciones en que el contrato se originó, nuevas condiciones que de haber existido al tiempo de su celebración, no hubieran permitido el contrato; o, en caso contrario, lo hubieran permitido, pero en condiciones radicalmente diferentes.

 

La imprevisión se basa -entonces- en el hecho que las obligaciones establecidas en un contrato de consumo o no, se entienden contraídas en virtud de ciertas condiciones prevalecientes al momento de su celebración  las cuales son un faro que debe servir de guía, y deben ser tenidas en cuenta por ambas partes y por terceros (jueces) a lo largo de todo el vínculo en el marco de la mencionada buena fe del art. 9 y principalmente del art. 961 del CCyCN, todo ello a efectos de no ejercer derechos en forma abusiva (art. 10 CCyCN). De allí que una de las funciones de la buena fe sea -como ya dijimos- la de limitar los derechos subjetivos de los justiciables, en este caso la exigencia de devolución del dinero prestado con tasas impagables en la práctica.

 

Precisamente, por distintas circunstancias imprevisibles para las partes al momento de perfeccionarse el contrato de consumo, la equivalencia de las prestaciones originales (léase, la ecuación económica que ambas tuvieron en vista al suscribirlo y su Tasa de Interés) se perdió, dejando a una de las partes (mutuario) en una grave desventaja frente a la otra (mutuante). 

 

Su prestación se ha hecho de tal modo demasiado gravosa frente a la prestación de la otra parte que, con fundamento en la equidad, el juez puede determinar la extinción o modificación de su prestación (art. 960 y 1091 del CCyCN; y, art. 37 de la ley de defensa del consumidor) limitando el derecho de la otra parte para que no sea abusivo su ejercicio ni gravoso su cumplimiento  .

 

En efecto, por intermedio del art. 1091 además de por el ya visto art. 37 de la ley de defensa del consumidor, se puede: i)  pedir la resolución total o parcial del contrato, o, ii) su adecuación. 

  

Debe indicarse que se encuentran legitimados para accionar por imprevisión tanto la parte contractual afectada como el tercero beneficiario u obligado en una estipulación a favor de terceros, en los términos del art. 1027 del CCyCN. 

 

La parte afectada (mutuario) tendrá derecho a reclamar extrajudicialmente o por la vía judicial. En este último caso podrá hacerlo por vía de acción o como excepción, ante la demanda iniciada por la otra parte (mutuante) ante la falta de pago o pago incompleto que, sabido es, no extingue la obligación. 

 

Finalmente, resulta de sustancial importancia para poder iniciar y obtener con éxito una sentencia favorable, destacar que el art. 1091 del CCyCN eliminó un requisito muy cuestionado del viejo art. 1198 del Código Civil, esto es de que el deudor no se encuentre en mora, toda vez que al estar un contrato desquiciado, la situación de mora del deudor puede ser consecuencia de dicha circunstancia. Es decir que, si en la actualidad se adeudan cuotas del mutuo se puede hacer el reclamo. 

 

Quedan así configurados a grandes rasgos la forma y el modo en que tal teoría deberá y podrá ser aplicada en los sucesivo, pudiendo la parte perjudicada, iniciar demandas y solicitar medidas cautelares o preventivas solicitando que se fije un precio y tasa razonable mientras dure el pleito.

 

Todos los derechos del presente artículo pertenecen a ASB Abogados y su violación hará susceptible al infractor y difusor de las infracciones que por derecho correspondan según la ley 11.723 y concordantes, como así también de las normas de aplicación del Cógido Penal.

© 2020 Sitio creado por Barzza