CORONACRASH: ¿QUIEN PAGA LOS GASTOS DEL FUNERAL?

Por el Dr. Ernesto Sanguinetti – Socio de ASB Abogados

Está claro que las medidas dictadas y aun por dictarse, que hacen a la Emergencia Sanitaria, no podemos juzgarlas de innecesarias ni de despilfarro: salvo algunas contadas excepciones que he leído de algunos intelectuales resultadistas, mayoritariamente entendemos y evaluamos necesario el aislamiento, y necesarios todos los esfuerzos por mejorar la respuesta sanitaria. ¿quien puede pensar que la vida humana es un mero indicador en las estadísticas? ¿Y si en ese indicador está nuestro padre, hermano, hijo o amigo, pensarían lo mismo?

 

Pero aún ante el estado de necesidad, es evidente que existe un sacrifico económico de magnitudes desconocidas. En particular, al sector privado,  le toca la suerte de pensar cómo sostener aunque sea los ingresos de sus trabajadores y colaboradores, decisión que, a tenor de las tibias medidas que el gobierno viene dictando, genera un grado de incertidumbre sin antecedentes.

 

El estado no ha colaborado hasta ahora a mejorar el contexto de debate propio que cada empresa debe transitar con sus trabajadores. 

 

En efecto, las licencias otorgadas en el sector público se han ordenado con pleno goce de sus remuneraciones habituales de tal modo que la primera “sensación” que genera el trabajador privado es entender que su aislamiento será en las mismas condiciones. Ha pasado también, que a tenor de otras medidas de pagos complementarios para sectores obligados a trabajar,  los trabajadores de empresas de actividad exceptuada en muchos casos han solicitado un “Pago extra”, y en caso de negativa, invoquen la “prevención” como excusa para no prestar tareas.

En definitiva: existe todavía un desequilibrio en el sentir de las partes afectadas en el sector privado (pues el empleador o dador de trabajo se ve tan afectado como el trabajador o prestador de trabajo) que generará, inevitablemente, conflictos y tensiones.

La primera realidad inevitable, consecuencia de la emergencia, es entender que no es posible que se puedan abonar los salarios y retribuciones habituales y normales, sin actividad económica. No es una cuestión de egoísmo ni de especulación, es una realidad.

 

Para que haya empleo debe haber actividad, de allí la importancia de sostener a las empresas como fuente de trabajo ante todo: si hay actividad, hay empleo, hay pago de impuestos, hay ingresos familiares, que a la vez rebalsan hacia otros trabajadores (empleadas de casa particulares, jardineros, servicios domésticos en general, plomeros, electricistas, construcción, etc), y a la vez, existe consumo directo (de cercanía, como calificó el Poder Ejecutivo), y existe, al haber recaudación, posibilidad de subsidios para los más vulnerables.

 

Es bastante simple: digamos que todo trabajador debería entender (y más aun los Sindicatos) que sin actividad económica, todo se suspende, se cae, gradualmente o abruptamente, dependiendo el tamaño de empresa y la actividad.  Ni el gobierno aún informó a la población sobre esta realidad, ni los sindicatos todavía han aparecido advirtiendo sobre esto.

 

Cabe entonces preguntarnos entonces, ante la lenta muerte de la economía que venimos viviendo, ¿quién va a pagar los gastos del funeral?

 

Pareciera por ahora que la estrategia es dejar librado a cada empresa el desafío de establecer su subsistencia y de entenderse con sus trabajadores.

 

Existe un silencio que no es más que la calma antes de la tempestad: en los primeros días de abril veremos los primeros fogonazos de estos conflictos: muchas empresas ya no pueden pagar salarios y, en miras a los compromisos de abril, deberán anunciar a sus trabajadores reducciones salariales e incluso suspensiones a “cero” salario.

 

Ante una situación que no tiene culpables, la situación de Fuerza Mayor que implica la disrupción del “coronacrash” obligará al estado de forma inmediata a pensar medidas que, ante todo, mantenga cierto ingreso salarial y sostenga los niveles de empleo.

 

Para ello se hace necesario dictar medidas urgentes que quiten presión económica a la empresa, tanto a nivel impositivo, de seguridad social, en sus costes de nóminas, alquileres o compromisos en su cadena de pago, pues para que se sostenga el empleo, se debe sostener a la empresa, y después de la crisis debemos garantizar volver a la normalidad (por lo menos la que teníamos hacia comienzos de Marzo)

 

Presumimos que en lo inmediato existirá una fuerte presión sobre el Ministerio de Trabajo de la Nación, con suspensiones, despidos y Procedimientos Preventivos de Crisis, que a tenor de la normativa vigente, se muestran con demasiado rigor formal y pocos ágiles para la situación actual, pero como la única herramienta jurídica vigente para encuadrar de algún modo la subsistencia.

Recientemente, España sancionó el Real Decreto 9/2020, que de algún modo estableció dos grandes reglas: la prohibición de despidos con fundamento en la emergencia sanitaria (encareciendo el costo del despido) y la limitación temporal y de sus efectos, de los Procedimientos Preventivos de Crisis (denominados ERTE), limitándolo solamente al plazo que dure la emergencia sanitaria y solamente para actividades que puedan acreditar una afectación directa. Es decir, no se admiten con fundamento es la crisis económica consecuente.

 

Resulta bastante incierto entender que el aumento del costo de despido (Argentina ya ha encarecido el costo del despido, con la imposición de la “doble indemnización” aun vigente, que lleva la base a dos salarios por años) puede ser una contención suficiente para la conservación del empleo, y podría – de no resolverse otras medidas paliativas en favor de la empresa – ser simplemente una forma de aumentar sus pasivos y generar una cadena de concursos y quiebras post crisis,  con el agravante que se pierde la fuente de trabajo pero a la vez se afecta el acceso del trabajador a su indemnización. Existe una realidad que las leyes no pueden corregir; si no hay actividad económica, no hay trabajo y las mayorías de las empresas ingresarán en un estado latente de cesación de pagos.

 

España contiene una solución bastante aceptable en los Procedimientos Preventivos de Crisis (ERTE), suspendiendo o extinguiendo el contrato transitoriamente, para que el trabajador perciba un fondo de desempleo. El monto de tal prestación,  equivale al 70% del salario con un tope de entre 1.100 y 1300 euros mensuales (siendo el costo de vida promedio de 800 euros en Madrid).

 

En Argentina el fondo de desempleo reconoce un tope de $ 3.000 con una canasta familiar estimada a Enero 2020, de $ 38.000,00 mensuales. Realmente insuficiente.

 

Por su parte, el “REPRO” anunciado mediáticamente, aun no regulado en sus alcances específicos para esta crisis, podría ser una solución inmediata, pero la experiencia desde su instrumentación ha demostrado la discrecionalidad de esta herramienta, su uso político en muchos casos y la insuficiencia de los montos económicos reconocidos.  Esperamos y deseamos un marco regulatorio que cambie esta práctica:  aunque cuesta creer que los fondos públicos alcancen para la gran demanda que tendrán y es probable que finalmente, se determine su aplicación con maña de cirujano: solamente en aquellas empresas o actividades que tengan un alto impacto.

 

De tal modo que en Argentina no tiene aun, medidas orientadas a quitar presión al empresario, y a paliar la situación del trabajador. Es decir: no hay recursos públicos destinados, en suficiencia, a esta situación de crisis.

 

La cuestión queda delegada al esfuerzo empresario en intentar encontrar soluciones frente a la crisis, delegando todo el costo a cargo del empleador, generalmente con un alto costo indirecto por el conflicto sindical que genera la tensión de suspensiones o despidos.

 

Sumemos a este escenario, la crisis económica de la cual venimos como antecedente, sucederán que muchas empresas no puedan sobrevivir más de 15 días sin actividad. Pues si la única verdad es la realidad, debe reconocerse cuanto antes esta situación, ya que no caben dudas que finalmente, se perjudicarán los ingresos de los trabajadores y se generará pérdida del empleo.

 

Por último, es probable que la eventual limitación de los procedimientos de suspensión o despidos con causa a la emergencia al mero plazo del aislamiento, resulte de imposible práctica en Argentina, ya que es imposible prever el auxilio económico para el arranque, de allí que no creo que podamos darnos el lujo de limitar los alcances de los procedimientos de suspensiones o encarecer los despidos, sin tener claro un contexto de ayudas económicas para las empresas.

 

Siendo que siempre las comparaciones son malas, vale decir también que tenemos una gran ventaja sobre España y muchos otros países del mundo: los argentinos hemos vivido en crisis de forma permanente.

 

Sabemos cómo “apañarnos” y hemos tenido una práctica habitual de acuerdos Sindicato-Empresa, para superar infinidad de crisis: sectoriales, regionales, generales, transitorias o menos transitorias, y siempre ha existido, en general, una colaboración activa en cuidar las fuentes de trabajo.

 

En este contexto, llama la atención el grado de sorpresa que ha generado en muchos sindicatos la emergencia sanitaria. Aún sin respuestas concretas, es necesario que salgan de su aislamiento y empiecen a generar acuerdos marcos por región, actividad y por empresa, ya pensando en como cuidar las fuentes de trabajo, sostener la posibilidad de ingresos a los trabajadores y sostener la empresa.

 

La actividad sindical es esencial y exceptuada. Necesitamos sentarnos rápidamente a evaluar medidas conjuntas y exigir en consecuencia al Estado para que sancione medidas concretas para paliar los efectos económicos y colaborar con el sostenimiento de la empresa y de las fuentes de trabajo. 

 

De allí, que la primera norma exigible al Ministerio de Trabajo es justamente impulsar estas negociaciones mediante una recomendación a Cámaras y Sindicatos, habilitar los acuerdos a distancia o electrónicos, establecer audiencias virtuales, habilitar a los Ministerios regionales que puedan gestionar las mismas iniciativas, y admitir procedimientos de homologación de emergencia y con celeridad, inclusive delegando en los Ministerios regionales esta facultad y estableciendo la homologación tácita en un plazo máximo de cinco días.

 

Hasta ahora, pese a que la emergencia lleva ya 15 días, nada de esto ha sucedido.

© 2020 Sitio creado por Barzza