La Corte Suprema establece que solo los sindicatos con personería gremial tienen representación para concertar convenios colectivos

 

Por el Dr. Ernesto Sanguinetti – Socio Director en ASB Abogados

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvo oportunidad de expedirse una vez más en torno a la problemática de la representatividad sindical. Mediante sentencia del 3/09/2020, en autos “ADEMUS y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Salta - y otro s/ amparo sindical” ratificó que solamente las entidades sindicales con personería gremial, se encuentran facultados a suscribir convenios colectivos de trabajo.

 

Mediante votos positivos de los Dres. Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti sostuvo que, según la doctrina que ha venido asentando desde hace varios años en materia de libertad sindical, es incuestionable la validez constitucional del art. 31, inc. c, de la ley de asociaciones gremiales que reconoce a los sindicatos más representativos una prioridad en la negociación colectiva.

 

La sentencia dictada viene a integrar la doctrina de la Corte Suprema en materia sindical, y se suma a los precedentes anteriores denominados “ATE”, de 2008; “Rossi”, de 2009; “ATE”, de 2013 y “Nueva Organización de Trabajadores Estatales”; de 2015.

 

Vale recordar que hasta ahora no había tenido oportunidad de expedirse en torno a la potestad exclusiva conferida a los sindicatos con personería gremial para negociar colectivamente, resultando que dichos antecedentes jurisprudenciales establecieron un reconocimiento igualitario de los derechos sindicales a los sindicatos con simple inscripción (convocar elecciones de delegados de personal, estabilidad sindical, permisos y licencias especiales para el ejercicio de sus funciones gremiales). 

 

En los referidos antecedentes, la Corte en definitiva cuestionó la constitucionalidad de las normas que otorgan potestades exclusivas en torno a la actividad sindical y las garantías para su ejercicio, a los sindicatos con personería gremial, fundamentando su posición en las normativas de la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto a los principios de libertad sindical.

 

En este caso, no obstante, ratificó que la disposición legal de otorgar exclusividad en la negociación colectiva al sindicato con personería gremial – entendiendo que las normativas de aplicación consideran a este como el de mayor representatividad – no resulta cuestionable constitucionalmente, y se ajusta a las previsiones de los tratados internacionales. 

 

El fallo dictado resulta de vital trascendencia al brindar un adecuado marco de seguridad jurídica a la negociación colectiva, definiendo los interlocutores válidos y suficientemente legitimados para la concertación de Acuerdos Colectivos.

No obstante, no resuelve el debate de fondo en torno al concepto de representatividad – tanto del sector trabajador como empleador -

 

Si tenemos presente que los acuerdos colectivos, tiene la especial connotación de generar obligaciones y derechos aun para las partes no representadas, resulta de vital importancia que la política laboral establezca mecanismos de representatividad amplios tanto para los trabajadores como para los empleadores, que brinden a estos instrumentos de una mayor legitimación, y permitan una dinámica de negociación colectiva permanente, como herramienta de regulación preponderante.

 

He sostenido en reiteradas oportunidades que nuestro Derecho Laboral, debe permitir una mayor autonomía de la voluntad, que debe estar canalizada  principalmente por la negociación colectiva, como expresión paritaria que permita adaptar las regulaciones a las realidades regionales y sectoriales, y a las particularidades productivas y/u organizativas. Necesitamos una negociación colectiva activa, y no una mera herramienta de “actualización” de salarios que la convierte en una mera pantomima de “toma y daca”.

 

Otorgar prioridad en la representatividad en favor de un tipo de sindicato o cámara empresaria, en la medida que implique la exclusión de otros, solamente puede fundamentarse en la medida que se institucionalicen con suficiente debate, transparencia y seguridad jurídica, los procedimientos para poder asumir la representatividad de los miembros paritarios.

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