El deber registral del grupo empresario

Referencia: Fallo Sala VIII de la CNAT “Cameselle Lorna Corina c/ Virtual Tres SRL y otros s/ despido”. 19/09/19

En un interesante pronunciamiento los jueces que componen al Tribunal citado decidieron rechazar la demanda promovida por la trabajadora que alegó como injuria para extinguir el vínculo laboral la falta de registración de su contrato de trabajo por parte de una de las sociedades demandadas, Virtual Tres SRL.

Los hechos del pleito se circunscribieron en la pretensión de la actora tendiente que el contrato de trabajo sea registrado por la sociedad mencionada por considerar que su prestación laboral fue a favor de ésta, mientras que la codemandada en autos, Euro Securtiy S.A. que se constituyó como su empleador y registró el vínculo laboral, había actuado como una intermediaria fraudulenta en los términos del art. 29 de la LCT.

Llegó firme a la alzada la declaración de la existencia de un grupo económico en los términos del art. 31 de la LCT y 33 de la Ley General de Sociedades, en función de que ambas sociedades “tuvieron una conducción homogénea, ya que los tenedores de los paquetes accionarios eran las mismas personas, que concurrieron a su formación y posterior dirección a través de sus representantes legales”.

 

Los jueces entonces consideraron que, en este supuesto grupo, el poder económico se sitúa a nivel del grupo y no de cada empresa componente (…) Por ello, el grupo se convierte, en definitiva, en la única y verdadera empresa subyacente”.

 

Creemos conveniente recordar que el concepto de empresa tiene una específica definición en materia de derecho laboral y se entiende por ella “la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos” (art. 5 LCT). Y esta definición es relevante para resolver la cuestión pues, en el marco del conjunto económico, ya no interesa qué sociedad particular se ve beneficiada de la prestación laboral única, o si la misma ha sido continua, alternada, conjunta o sucesiva para las sociedades que la componen, pues todas ellas constituyen una organización ordenada para el logro de los fines dispuestos y además pueden considerarse empleadores en los términos del art. 26 LCT. 

 

Así las cosas, y volviendo al caso en cuestión, los jueces descartaron la aplicación del art. 29 LCT, que sanciona la intermediación fraudulenta de empleadores, pues en lo que respecta al registro del contrato de trabajo no se verificó fraude laboral ni tampoco perjuicio alguno a la parte actora, en tanto bastaba que una de las empresas del grupo registrase el vínculo para tener cumplido el deber y sin que sea necesario que cada empresa que lo compone proceda en ese sentido por el mero hecho de ser receptora de la prestación laboral única que benefició al conjunto.

 

Con lo cual, consideramos que el fallo contiene definiciones interesantes que resuelven una cuestión que es debatida en nuestro fuero.

Consideramos conveniente fijar algunas ideas fuerza para comprender cuándo un caso se subsume a uno como el comentado en este artículo o cuándo puede existir el riesgo de fraude laboral con aplicación del art. 29 LCT.

  1. Como primer punto, debe existir un grupo económico, con dirección común e integrada en una organización que persigue un fin económico o beneficio que excede a la propia organización individual. 
     

  2. La segunda cuestión la prestación laboral debe ser única, inescindible, fungible, en jornada laboral única, de modo tal que sea imposible establecer una división que conlleve la obligación de registración por cada empresa beneficiaria del grupo.
     

  3. Como tercera cuestión, la empresa que registre el vínculo debe tener una organización empresarial, real, con actividad para excluir cualquier supuesto de fraude laboral que frustre derechos indemnizatorios.
     

Estas tres cuestiones son esenciales e iniciales para considerar que el registro de una sociedad del grupo cumple y cubre el deber registral en relación a las demás empresas que eventualmente se beneficiarán de la prestación laboral.

En cambio, cuando uno de estos requisitos sustanciales no se dan puede conllevar el riesgo de fraude laboral y la aplicación de normas de orden público que buscan evitar y sancionan estas conductas.

Ciertamente, cada caso particular debe analizarse, de modo tal de brindar el adecuado asesoramiento para evitar o mitigar riesgos.

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