La Corte Suprema de Justicia de la Nación y otra declaración de inconstitucionalidad

de la ley de Asociaciones Sindicales

 

Por el Dr. Lucas Battiston – Socio Director en ASB Abogados

 

I. El fallo

 

En fecha 4 de marzo de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos “Asociación del Personal Superior de Autopistas e Infraestructuras APSAI c. Autopistas del Sol S.A. s. Amparo”, dictó una nueva sentencia que dispone la declaración de inconstitucionalidad de un artículo de la ley 23.551 (de asociaciones sindicales). En esta oportunidad ha sido para declarar inconstitucional el art. 38 de dicha ley, en cuanto dispone, en el caso de las asociaciones sindicales con personería gremial, la obligación de los empleadores de actuar como agentes de retención de los importes correspondientes a cuotas de afiliación u otros importes similares que los trabajadores deban tributar.

El fallo del Alto Tribunal sigue la línea trazada en las sentencias dictadas en “ATE I”[1], “Rossi”[2], “ATE II”[3] y “N.O.R.T.E” en cuanto, de alguna manera, modera las diferencias o ventajas de los sindicatos con personería gremial con respecto a los sindicatos con simple inscripción.  Esta línea había sido “interrumpida” con el fallo dictado en la causa “ADEMUS”[4] en la que, contrariamente a los precedentes indicados, la Corte consideró constitucional el art. 31 inc. c) de la ley 23.551 en cuanto establece que sólo el sindicato con personería gremial se encuentra legitimado para negociar un convenio colectivo.

II. Los hechos

La sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había confirmado la sentencia de primera instancia que oportunamente receptó el amparo iniciado por la Asociación del Personal Superior de Autopistas e Infraestructuras (APSAI) declarando la inconstitucionalidad del art. 38 de la ley 23.551. Ello por entender que dicho artículo resulta contrario al art. 14 bis de la Constitución Nacional y al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A partir de ello, la sala actuante ordenó a Autopistas del Sol S.A. que procediera a retener la cuota sindical por planilla salarial respecto de los afiliados de APSAI y cesara en toda obstaculización al accionar gremial de dicho sindicato.

Contra dicha sentencia de Cámara la demandada Autopistas del Sol S.A. interpuso recurso extraordinario, el que fue denegado, y a partir de ello el correspondiente recurso de queja, siendo el mismo tratado por la Corte y ahora resuelto a través de la sentencia en comentario.

 

III. Los fundamentos del fallo de Corte

La sentencia de Corte remite al dictamen de la Procuración General de la Nación, salvo en el caso del Dr. Lorenzetti, quien votó en disidencia entendiendo que no correspondía admitir el recurso de queja en virtud de lo previsto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El Procurador entendió en su dictamen que el art. 38 de la ley 23.551 vulnera la libertad sindical de las entidades simplemente inscriptas. Ello considerando que dicha norma vulnera lo previsto por el Convenio 87 de la OIT, el cual reviste jerarquía constitucional en virtud de su inclusión en el art. 8.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el art. 22.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Convenio 87 reconoce a los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción ni autorización previa el derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones. El mismo convenio impone además a las autoridades públicas el deber de abstenerse de toda intervención que tienda a limitar estos derechos o a entorpecer su ejercicio legal (art. 3), como así también el deber de los Estados de adoptar las medidas necesarias y apropiadas para reservar el ejercicio del derecho de sindicación.

Así entonces, basándose en lo expuesto por el Comité de Libertad Sindical de la OIT sostuvo que, si bien la legislación nacional puede establecer una distinción entre las organizaciones sindicales más representativas y las demás organizaciones, esa diferenciación no puede privar a las organizaciones sin personería gremial de los medios esenciales para defender los intereses profesionales de sus miembros, ni del derecho de organizar su gestión y su actividad. Entiende entonces el procurador que la exclusión de los sindicatos simplemente inscriptos del régimen de retención de cuotas sindicales previsto en el art. 38 de la ley 23.551, configura una injerencia del Estado que reduce injustificadamente la capacidad de estas entidades de desarrollar funciones propias relativas a la promoción, ejercicio, defensa, fomento y protección de intereses legítimos de orden gremial. De tal forma que el régimen de retención de cuotas sindicales, tal como está regulado en el art. 38 de la ley 23.551, menoscaba la libertad sindical de las entidades simplemente inscriptas pues al encontrarse con mayores obstáculos para el ingreso de las cuotas, ven limitadas su sostenibilidad y capacidad de acción y, con ello, sus posibilidades de representar a los trabajadores y de sumar nuevos afiliados que les permitan, eventualmente, disputar la personería gremial.

 

Agrega que el régimen de retención de cuotas previsto por el art. 38 de la ley 23.551 puede influir de forma indebida en la decisión de los trabajadores de afiliarse a una determinada asociación sindical, pues la facilidad que brinda el descuento automático de los aportes favorece la opción en favor de aquellas asociaciones que cuentan con dicha prerrogativa, más allá de su ideario político y gremial. Es decir que el mecanismo de cobro fijado por ley, a favor de los sindicatos con personería gremial, puede operar en la práctica como un incentivo o desincentivo para la afiliación, que afecta la libre elección por el trabajador del sindicato al que desee asociarse.

Este privilegio excede los que la Corte había considerado como tolerable al admitir la prioridad de los sindicatos con personería gremial en la representación de los trabajadores en negociaciones colectivas, en la consulta por las autoridades o en la designación de delegados ante organismos internacionales.[5]

IV. Algunas conclusiones y lo que vendrá

Resulta evidente que la Corte ha prestado especial atención a diversos temas del Derecho Colectivo del Trabajo en los últimos años. En efecto, considerando que la ley 23.551 fue sancionada en el año 1988, en los primeros 20 años de vigencia de la misma prácticamente no se registran fallos de la Corte cuestionando su constitucionalidad. Sin embargo, a partir del año 2008, se fueron sucediendo distintos fallos que, previa declaración de inconstitucionalidad de distintos artículos de la ley 23.551, habilitaron la convocatoria a elecciones por parte de un sindicato simplemente inscripto, la protección y estabilidad sindical del delegado perteneciente a un sindicato simplemente inscripto, el derecho de éstos últimos a representar a los trabajadores en cuestiones de interés colectivo y el derecho de los delegados de sindicatos simplemente inscriptos a gozar de las franquicias gremiales.

Las razones de este cambio no resultan claras. Digo esto por cuanto los fundamentos por los cuales la Corte ha descalificado los distintos artículos de la ley 23.551 siempre estuvieron ahí. Me refiero a que el art. 14 bis de la Constitución Nacional rige desde el año 1957, el Convenio 87 de la OIT fue ratificado por nuestro país en el año 1960 y su elevación a rango constitucional se dio a partir de la reforma constitucional del año 1994.

Lo cierto es que con este fallo la Corte asesta otro golpe al régimen que establece la ley 23.551 y genera un nuevo problema al sistema. Ello por cuanto se agranda la brecha entre lo que dispone la ley y el esquema bajo el que deben manejarse las empresas en base a los fallos de Corte. No debemos olvidar que el Ministerio de Trabajo, como Autoridad de Aplicación de la ley 23.551, más allá de las declaraciones de inconstitucionalidad que reciba la misma, tiene la obligación de respetar la letra de la ley y actuar en consecuencia.

 

Me pregunto entonces si a la luz de este fallo podrán los sindicatos simplemente inscriptos exigir al empleador que actúe como agente de retención de los aportes sindicales cuando el propio art. 38 de la ley 23.551 dispone que para que resulte obligado el empleador debe mediar una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Cómo podría el Ministerio de Trabajo dictar esa resolución si el art. 38 dispone que ese pedido sólo lo puede hacer el sindicato con personería gremial? Es decir, ¿podría el Ministerio de Trabajo dictar la resolución que obligue al empleador a actuar como agente de retención cuando quien pide la misma no cumple con el requisito que impone el art. 38? La respuesta a priori sería que no. ¿Qué efecto tendrá entonces este fallo? ¿Acaso deberán los sindicatos simplemente inscriptos que pretendan tener el mismo tratamiento tramitar una acción judicial para obtener tal beneficio?

Resultará difícil que el actual sistema de la ley 23.551 se mantenga, a la luz de los embates que ha recibido en base a los mencionados fallos de la CSJN. Es evidente que el actual sistema genera una desmedida desproporción entre las capacidades y derechos que la ley 23.551 otorga a los sindicatos con personería gremial en comparación con los derechos acotados y residuales que conservan los sindicatos simplemente inscriptos.

Si lo que pretendemos es tener un sistema legal que sea respetuoso del art. 14 bis de la CN y del Convenio 87, se requiere un nuevo sistema que genere un mayor balance entre los sindicatos más representativos y los que ostentan una representación menor, habilitando que estos últimos tengan fuentes de financiamiento sencillas y que viabilicen la concreción de sus programas de acción, conforme lo prevé expresamente el Convenio 87 de la OIT.

 

[1] CSJN, Fallos 331:2499

[2] CSJN, Fallos 332:2715

 

[3] CSJN, Fallos 336:672

 

[4] CSJN, Fallos 343:867

[5] Esta resulta ser la fórmula empleada por la CSJN en los fallos “ATE I”, “Rossi”, “ATE II” y “N.O.R.T.E” como las únicas prorrogativas que la correcta interpretación del Convenio 87 de la OIT admite a favor de los sindicatos más representativos.