Interpretación del decreto que prohíbe las suspensiones y despidos

Con fecha 31 de marzo de 2020 se publicó en el suplemento del Boletín Oficial el DNU 329 que dispone la prohibición, por el plazo de 60 días, de despidos sin causa y suspensiones.

Con fecha 31 de marzo de 2020 se publicó en el suplemento del Boletín Oficial el DNU 329 que dispone la prohibición, por el plazo de 60 días, de despidos sin causa, por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. El mismo decreto dispone, también por el plazo de 60 días, la prohibición de suspensiones por causa de fuerza mayor, falta o disminución de trabajo.

 

La prohibición rige desde el 31 de marzo de 2020 y por ende cualquier despido o suspensión que resulte violatoria de esta prohibición no producirá efecto alguno.

 

El decreto no prohíbe los despidos por el resto de las causales que contempla la ley, por lo que aplica estrictamente a los supuestos allí enumerados (de tal forma que no se encuentran prohibidos los despidos con causa ni tampoco las extinciones por causas ajenas a las partes como ser por muerte del empleador, del trabajador o por mutuo acuerdo).

 

Asimismo se expresa claramente que continúa plenamente vigente el art. 223 bis de la LCT, es decir no se encuentra alcanzado por esta prohibición transitoria. De tal forma que subsiste la posibilidad de suspender al trabajador pagando una prestación no remunerativa (que habitualmente resulta ser un porcentaje del sueldo neto del empleado). Esta opción puede materializarse de tres maneras:

- A través del inicio de un procedimiento preventivo de crisis (cuando la cantidad de empleados supere los mínimos que establece el art. 98 de la ley 24.013)

- A través del procedimiento de crisis (regulado por el decreto 328/88 que aplica cuando no se supere los mínimos que prevé el mentado art. 98 de la ley 24.013)

- Mediante un acuerdo directo con el Sindicato, en cuyo caso debe luego ser presentado al Ministerio de Trabajo para su homologación.

 

Consideramos que la expresa mención del decreto en cuanto a la vigencia del art. 223 bis de la LCT es una clara señal del Gobierno en cuanto a que las empresas afectadas económicamente pueden hacer uso de esta herramienta. Todo esto con independencia de las medidas económicas, anunciadas pero aún no concretadas, que el Gobierno pueda sacar como ayuda para transitar este dificilísimo transe económico.

© 2020 Sitio creado por Barzza