Disponen el rechazo de la deficiencia registral efectuado por quien fue presidente de la sociedad empleadora

Por el Dr. Lucas Battiston – Socio Director en ASB Abogados

En un reciente fallo, de fecha 30 de noviembre de 2020, la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en autos “Alchourrón, Ezequiel Justo c. XYZ S.A. Producciones y otros s. Despido” se resolvió desestimar el reclamo correspondiente a las indemnizaciones de los arts. 9 y 15 de la ley 24.013.

Cabe recordar que el art. 9 de la ley 24.013 contempla el supuesto de registro de una fecha de ingreso posterior a la real, disponiendo una indemnización del 25% del total de las sumas abonadas durante el lapso no registrado. Por su parte, el art. 15 de la ley 24.013 dispone la duplicación de las indemnizaciones derivadas del despido sin causa en los casos en que justamente se produzca el despido dentro de los dos años de cursada la intimación de regularización por parte del trabajador.

 

En el caso de autos, el actor ostentaba el carácter de CEO y presidente del directorio desde el año 2010. En el mes de febrero de 2015, intimó a su empleadora a que registrara correctamente su fecha de ingreso, existiendo una diferencia de dos años entre la reconocida y la denunciada. Esta intimación se produjo justo antes de que la empleadora decidiera su despido sin causa.

 

Luego de percibir la indemnización por despido, el actor persiguió el cobro de las indemnizaciones derivadas de los arts. 9 y 15 de la ley 24.013, además de diferencias indemnizatorias debido a que consideró que existían rubros de carácter salarial no considerados por la empresa al momento de calcular su despido. Lo que resulta interesante del caso, es que la empleadora, al contestar la demanda, reconvino contra el actor reclamando el pago de una indemnización derivada del incumplimiento de sus deberes como director de la sociedad, en los términos del art. 59 y 274 de la ley 19.550. Debe señalarse que el art. 59 de la ley 19.550 regula el estándar de conducta que resulta esperable del administrador o representante de una sociedad, estableciendo que debe conducirse con la “lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios”. En el mismo sentido, el art. 274 de la ley 19.550 dispone que los directores (de las sociedades anónimas) responden hacia la sociedad, sus accionistas y terceros, solidaria e ilimitadamente por el mal desempeño de sus funciones. La doctrina y jurisprudencia ha entendido que la “vara” para medir este desempeño es justamente el estándar de comportamiento que prevé el art. 59 ya citado.

 

De tal forma que, en la reconvención invocada por la empleadora, se planteó la responsabilidad del actor (trabajador) como presidente y CEO  de la sociedad por la eventual deficiencia en la registración de su fecha de ingreso. Ello alegando que el actor había sido presidente de la empresa desde el año 2010 y que, aún sabiendo que la fecha de ingreso que se le había registrado era incorrecta, en ningún momento previo denunció esa situación ni manifestó intención alguna de resolver la cuestión.

Esta defensa fue desestimada en primera instancia pero receptada en Cámara, disponiendo la sala la revocación de la condena correspondiente a las indemnizaciones de los arts. 9 y 15 de la ley 24.013. El fundamento de dicha decisión concretamente fue: “… Por ello, no obstante el ejercicio del cargo en su carácter de dependiente, no puede pretender que se lo exonere de responder en los términos de los arts. 59 y 273 LCT puesto que ninguna prueba acompañó para acreditar siquiera que intentó la regularización de su fecha de ingreso con anterioridad a la intimación formulada el 19 de febrero, y que su accionar fue desestimado por los otros directores o por el holding.

 

En este marco normativo, no tengo dudas que el actor reconvenido, omitió la adopción de diligencia alguna tendiente a registrar el contrato de trabajo a partir de su ingreso en 2010 cuando verificó que el reconocimiento de su antigüedad era a partir del año 1998 y no desde agosto de 1996. Ello, no sólo implica un ejercicio abusivo del derecho sino la intención de perjudicar a la sociedad que representaba, ya sea porque su conducta se encuadre dentro de los parámetros previstos por el art. 59 antes citado -sin lealtad o diligencia hacia su representada-, o bien que se encuadre en el supuesto del art. 54 de la LSC por el cual su accionar por dolo o culpa constituye a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar a su representada, por cuanto en el sistema legal argentino, el dolo es inexcusable (art. 507 CC o actual 1743 CCyCN). Por lo expuesto, este tramo de la sentencia de la anterior instancia debe ser revocado y excluirse del monto de condena los incrementos previstos por los arts. 9 y 15 de la LNE, conforme los límites impuestos en los agravios planteados por la demandada…”.

 

El razonamiento expresado por la sala interviniente tiene asidero desde la lógica de que quien debe velar por el correcto funcionamiento o administración de una empresa no puede invocar una deficiencia registral (como la apuntada por el actor) si la corrección de la misma pudo haber sido enmendada a través de un correcto desempeño de sus funciones como administrador. No obstante ello, en el caso concreto, considero que el rechazo de las indemnizaciones de la ley 24.013 podrían resultar cuestionables dado que al momento en que en la fecha en que se produjo la deficiencia registral (de fecha de ingreso) el actor no ostentaba el cargo de presidente ni director. Por otro lado, apenas enviada la intimación a la empleadora, y antes de que venciera el plazo que la ley 24.013 otorga para subsanar la falencia registral, el actor fue despedido sin causa. De manera que resulta dudoso que el actor haya tenido realmente la oportunidad de reconocer la fecha de ingreso real, en cuyo caso se le estaría aplicando una penalización por no haber actuado como un “buen hombre de negocios” cuando en realidad no tuvo la posibilidad de corregir la deficiencia registral ante la intimación.

 

En definitiva, lo novedoso del caso es que la sentencia carga la responsabilidad de la deficiencia registral al actor en función del cargo de presidente del directorio que ostentó (además de su condición como empleado, claro está). Este tipo de resoluciones pueden llevar a que se resuelva con un criterio de mayor justicia los supuestos en que realmente las decisiones sobre la forma de instrumentar la contratación dependan del trabajador que ostenta a la vez un cargo en el directorio (especialmente en lo que hace a fecha de ingreso y carácter salarial de rubros que habitualmente componen el paquete retributivo de cargos directivos). Desde ya que, a la luz del principio de primacía de la realidad que nutre el campo de análisis de toda relación de trabajo, ello dependerá no sólo de que el trabajador ostente formalmente tal cargo como director sino que además desempeñe el mismo de manera efectiva.

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