“Derecho al olvido”: su arbitraria aplicación en un reciente fallo y su indudable inconstitucionalidad

Por el Dr. Hernán Frisone – Abogado en ASB Abogados

A propósito del reciente fallo dictado en la causa “Denegri, Natalia Ruth C/ Google Inc S/ Derechos Personalísimos: Acciones Relacionadas” Expte. N° 50016/2016, de repercusión pública, creo oportuno realizar algunas consideraciones en torno al denominado “Derecho al Olvido” y sus implicancias constitucionales en el marco de la libertad de prensa.

Preliminarmente, debo destacar que quienes me conocen saben que he sido abogado de medios de prensa y que he batallado arduamente durante más de 19 años para que la libertad de prensa amparada básicamente en los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional se aplique sin ningún tipo de restricción o limitación.

 

En el caso, entiendo que la sentencia dictada ha sido arbitraria por no fundarse en nuestro derecho vigente, y afectar las garantías de libertad de prensa y libertad de expresión. Cabe destacar que una cuestión es cuando la información resulta falsa o agraviante por inexacta o por injerencia arbitraria en la vida de la persona. Y otra muy distinta, es cuando la información al tiempo de los hechos es fiel reflejo de la realidad, como ocurre en el caso.

 

Para tal conclusión es importante destacar que la demanda versó, centralmente, sobre la pretensión de la parte actora, de suprimir de los motores de búsqueda de la demandada (Google) determinadas publicaciones que fueron reconocidas como hechos verídicos; alegando sus derechos personalísimos (honor, privacidad), al no tener trascendencia de información, por resultar antigua y sin relevancia para la opinión pública.

 

La sentencia determinó que se deberán suprimir del buscador ciertos videos y/o contenido al no poseer interés periodístico, ser de dudoso gusto, escaso interés cultural y que no hace al derecho a la información de la sociedad, todo ello a pesar de reconocer que no hay una norma específica que regule este derecho, aunque indica que la cuestión debe ser enfocada, como una derivación del derecho al honor, o el de la intimidad.

 

El derecho al olvido ha sido definido como la facultad que tiene un individuo o su familia de que no se traigan al presente hechos verídicos realizados en el pasado, deshonrosos o no, y que por el transcurso del paso del tiempo no son conocidos socialmente, pero que al ser divulgados ocasione un descrédito público (Vaninetti, Hugo, “El derecho al olvido en Internet”, ED 242- 566.) Su ejercicio tiene el efecto de limitar su difusión y circulación, por lo que, si bien no se suprime la información en sí misma, se restringe u obstaculiza su acceso, por parte de los medios tradicionales de búsqueda.

 

Pero también,  se entiende que el “derecho al olvido” ejercido de forma extralimitada, abusiva o interpretado no restrictivamente, es capaz de hiperextender el derecho de autodeterminación informativa y personalísimo a la privacidad, por sobre otros derechos de índole colectiva, máxime cuando la veracidad de la información que se pretende olvidar no se encuentra discutida, como así tampoco su relación inmediata con eventos cuya calificación como de interés público o periodístico tampoco se encuentra debatida. (Faliero, Johanna Caterina, “Los peligros del derecho al olvido digital: cuando la autodeterminación informativa colisiona con el derecho a la información. El sesgo sobre el interés público de lo popular como parte de nuestra conformación cultural”, LA LEY 28/04/2020.)

 

La cuestión central es definir cuál es el interés prioritario: si la libertad de expresión y de prensa o, por el contrario, la posibilidad que cada individuo pueda regular a su propia voluntad, la información de acceso público, en el caso cercenando los buscadores de internet como posibilidad de acceso a información publicada por medios periodísticos.

 

Resulta irrelevante la opinión personal del juez en cuanto a las grotescas peleas sostenidas por la parte actora en televisión con otros personajes que cobraron notoriedad en su época, protagonizando escándalos televisivos. Resulta irrelevante las apreciaciones personales en cuanto concluye que la actora se trataba de una persona joven, sin experiencia, que seguramente se vio confundida por su extraña “fama” circunstancial, y que seguramente debe sentirse mortificada por apreciar esas imágenes poco decorosas, en especial luego de tanto tiempo y de haber formado una familia y desempeñarse profesionalmente.  Resulta irrelevante que el juez entienda que si bien la actora expuso voluntariamente su honra, ya lo hizo por un tiempo más que suficiente.

 

Lo relevante es si la información suministrada resulta verídica, pública en su momento, y forma parte de los derechos de libertad de prensa y expresión.

 

El honor solo puede ser atacado por imputaciones falsas o tergiversadas, debido a que, mientras la intimidad solo se afecta con la intromisión arbitraria, el honor se mancilla con imputaciones falsas, peyorativas o irreales que afecten la honra o reputación, siendo por ello, la exceptio veritatis una excusa contra el ataque al honor que se reclama.

 

Consecuentemente, no correspondía ni corresponde ordenar que se mutile la información, o que se la quite de internet.

Al respecto, debemos recordar la trascendencia y jerarquía constitucional del derecho de libertad de expresión y de prensa:

  • El art. 14 de la CN, dispone “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes reglamenten su ejercicio, a saber: (…) de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa (…).”.  Y de forma complementaria está el art. 32 que dispone “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.

  • El art. 10 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano sostiene que “nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas, en tanto que su manifestación no turbe el orden público establecido en la ley".

  • El art. 11 establece "La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; todo ciudadano puede por tanto hablar, escribir, imprimir libremente, sin perjuicio de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley".

  • La Declaración de Derechos Humanos adoptada por la Organización de Naciones Unidas ha sentado las bases de lo que para mi criterio es el derecho a la información en el art. 19 con el siguiente texto adoptado y proclamado por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

  • En el mismo sentido, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá, Colombia, en 1948 sostiene en su artículo IV “Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”.

  • Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) establece en su artículo 19:  “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

  • De forma complementaria a todos ellos, existe la Convención Americana sobre Derechos Humanos comúnmente conocido como Pacto de San José de Costa Rica. Sobre el mismo debe decirse que el art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica es la norma específica, complementaria de las garantías que otorgan los arts. 14 y 32 (ya vistos) de la Constitución Nacional.

 

De tal modo que suprimir hechos reales, auténticamente informados, constituye un intento de modificar, alterar o suprimir la historia expresamente prohibido por nuestra legislación constitucional.

 

El derecho al olvido, interpretado de un modo no restrictivo, puede implicar una terrible pérdida de historia y cultura con efectos colaterales imprevisibles e incontenibles a nivel colectivo, porque modula el concepto mismo que se tiene de aquello que es historia o cultura, o de aquello que incide en ella.

 

¿Quién decide qué información es relevante o de buen gusto? ¿Quién decide su interés público o colectivo o individual? ¿Quién determina que la información resulta antigua?

 

Alguna información que puede resultar a su titular perjudicial, antigua, irrelevante, innecesaria, obsoleta, sin ningún tipo de importancia informativa y periodística, indeseable, puede por otra parte ser para el colectivo parte de su patrimonio informativo histórico, periodístico, cultural, tener interés público y colectivo, y por lo tanto superior al interés del que lo invoca.

 

Lo popular debe ser preservado, que hace a nuestro patrimonio cultural, y ningún juez debe convertirse en censor; y debe agregarse la importancia que internet tiene en nuestra sociedad y la necesidad de su protección y de los datos obrantes en ella, de la misma forma en que debe protegerse el archivo de los medios de prensa en soportes físicos.

 

“El interés histórico y el interés público también se deben tener en cuenta para resolver el conflicto entre el derecho al olvido y el derecho a la información” (Terwangne, Cécile, “Privacidad en Internet y el derecho a ser olvidado/derecho al olvido”, en Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC IDP Número 13 (Febrero 2012), pp.53-66)

 

Pero con el transcurso del tiempo, cuando ya no se trata de una cuestión de actualidad o noticiable, y siempre y cuando ya no exista una razón que justifique una nueva divulgación de la información como noticia, el derecho del particular ¿Vendría a borrar el derecho a la información?

 

Considero que no, y que la libertad de expresión y de prensa y el derecho de información, deben primar sobre eventuales derechos al honor invocados, cuando la información resulta verídica y en la medida que no exista una regulación legal razonable que reglamente el denominado “derecho al olvido” que impida que cualquier juez, a su sólo criterio y voluntad, se convierta en un mero censor. 

 

Puede, desde ya, resultar trivial el caso debatido en estos actuados, pero las consecuencias de la doctrina sustentada por la sentencia resultan peligrosas, ya que habilita a que cualquier juez, a su sola voluntad y arbitrio, borren o obstaculicen el acceso a la información por el mero transcurso del tiempo.

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