La presunción de despido por matrimonio para los trabajadores varones

Por el Dr. Alejandro M. Losito – Abogado Asociado en ASB Abogados

En 1992 la Cámara Nacional de Trabajo dictó el fallo plenario número 272 “Drewes c/ Coselec SAC” (DT 1990-A, pág. 893) que estableció la doctrina que la presunción prevista en el art 181 no existe per se para el varón como en el caso de la mujer, sino que pesa sobre su parte la carga de demostrar que el despido obedeció al matrimonio, lo que debe ser analizado y juzgado con criterio restrictivo.

 

La idea de este concepto descansó en la distribución de roles sociales donde habitualmente era el varón quien trabajaba en forma remunerada y era el sustento económico de la familia mientras que la mujer trabajaba como ama de casa. Entonces se entendió que esta presunción solo regía para la mujer trabajadora en relación de dependencia pues era una excepción a esa distribución de roles y como tal merecía protección. Era la mujer por tanto quien podía ser sujeto de discriminación al momento de contraer matrimonio, pues una vez que tuviera hijos era probable que su dedicación al trabajo remunerado decayera o se viera comprometido por la mayor exigencia de su familia, mientras que para el trabajador varón esta exposición no era palpable ni presumible ni habitual.

Sin embargo, en la actualidad la distribución de esos roles no son ni tan marcados ni profundos. En efecto, la mujer hoy trabaja a la par del hombre, contribuye en más o en menos al sostén económico de la familia y por lo tanto el hombre ha tenido que asumir responsabilidades en los quehaceres diarios de la casa de familia. La tendencia marca que la distribución de roles será dinámica y por lo tanto la fórmula legal presuntiva de protección a partir del matrimonio que antes se interpretó en beneficio exclusivo para la mujer hoy sea cuanto menos difuso e incluso discriminatorio.

 

En ese sentido, con fecha 24 de septiembre del corriente año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), con el voto unánime de sus integrantes, en autos “Puig, Fernando Rodolfo c/ Minera Santa Cruz S.A. s/ despido” determinó que la presunción determinada por el art 181 de la LCT rige también para el trabajador varón, lo que constituye un cambio de paradigma.

Los jueces supremos sostuvieron que “Si en el nuevo paradigma sociocultural los cónyuges ya asumen o tienden a asumir por igual las responsabilidades familiares, no puede interpretarse que los estímulos del empleador para despedir a quienes contraen matrimonio se suscitan solamente en el caso de las mujeres trabajadoras, y que solamente ellas deben estar íntegramente abarcadas por el sistema protector especial de los arts. 180, 181 y 182 de la LCT”.

Asimismo, sostuvieron que la propia normativa laboral “prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores” (…) “por motivo de sexo” y considera “trato desigual” al dispensado a los trabajadores por esa misma razón.

 

Consideraron también que “resulta imperativa una lectura dinámica y progresiva de la norma que, superando los estereotipos culturales con tintes discriminatorios precedentemente referidos, procure su extensión a todos los trabajadores, con una hermenéutica de equidad de género”  y considerar que no rige a favor del trabajador varón la presunción del despido por causa de matrimonio “importa recurrir a consideraciones que no encuentran acogida en una sociedad global en la que imperan criterios que se alejan de los estereotipos vigentes en otro tiempo, enmarcados en un contexto socio-cultural en el que la igualdad de género no alcanzaba el grado de desarrollo y reconocimiento que hoy ha logrado tanto a nivel nacional como internacional”.

En ese contexto, dado la contundencia del fallo y los términos de las consideraciones, entendemos que sus efectos no quedarán reservados únicamente para el caso concreto sino que se extenderá como doctrina a seguir en el derecho laboral, tal como lo hicieron en su momento los precedentes “Vizzoti”, “Pérez” y “Aquino”, entre muchos otros.

 

Entendemos también que, frente a esta decisión, la doctrina del plenario “Drewes” queda descolocada y descontextualizada, lo que exigirá una revisión en función de los principios rectores vinculados con los derechos humanos, el principio de igualdad ante la ley, los avances sociales y las nuevas conformaciones familiares.-

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