Prohibición y duplicación: efectos en los contratos de trabajo

 

Por el Dr. Alejandro Losito – Asociado en ASB Abogados

El Decreto 39/21 (B.O. 22/01/2021) dispuso la ampliación de la emergencia pública en materia ocupacional hasta el 31 de diciembre de 2021, prorrogando la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 90 días, como asimismo el denominado sistema de doble indemnización.

Hasta aquí no existen mayores novedades o sorpresas, por cuanto se trata de prórrogas de institutos que ya regían (doble indemnización y prohibición de despidos y suspensiones).

Ahora bien, la primera innovación que trae la norma, es aclarar que la eventual nulidad del despido o de la suspensión – por aplicación de la prohibición mencionada – es facultativa del trabajador, quien podrá en su caso, elegir la percepción de la indemnización por despido con la duplicación mencionada. Si bien la interpretación de los textos anteriores, generalizada, era la misma, lo cierto es que la norma no expresaba nada de modo literal, permitiendo la invocación de la nulidad del despido por personas distintas al trabajador afectado (léase representantes sindicales o incluso la misma autoridad de aplicación en algunos casos)

La segunda innovación que introduce la norma, es el tope a la doble indemnización en $ 500.000,00, debiéndose entender que dicho tope aplica solamente al monto total que resulte de calcular exclusivamente el incremento indemnizatorio.  

Entiendo que la cuestión que podrá aparejar cuestionamientos judiciales respecto a su constitucionalidad (haciendo alusión a la doctrina del precedente “Vizzoti”), pero no obstante tendrá un efecto práctico inicial e inmediato, como por ejemplo, su impacto en los mínimos conciliatorios exigidos por el Ministerio de Trabajo u otras autoridades administrativas, para homologar acuerdos.

Por último, resulta trascendente el cambio introducido en cuanto a los contratos que quedan alcanzados por los institutos protectorios (prohibición y duplicación). En efecto, el artículo 9 de la norma dice expresamente que: “Las disposiciones de los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del presente no serán aplicables a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 34/19”.

Mientras que respecto a la doble indemnización se ratifica el criterio anterior (que el agravamiento se aplica únicamente a los contratos celebrados con anterioridad al 13/12/2019), en materia de “prohibición de despidos y suspensiones” la modificación de criterio es sustancial, cambiando la fecha de oponibilidad de la prohibición. 

En efecto, hasta el dictado de la norma que cometamos, en materia de prohibición de despidos y suspensiones rigieron los decretos 329/20, 487/20, 624/20, 761/20 y 891/20 que determinaron que la protección alcanzaba a todos los contratos de trabajo celebrados hasta el 28/07/2020 inclusive. 

Es decir que en ese lapso todo trabajador contratado o que fuera contratado gozaba de una “estabilidad propia” que le permitía en caso que fuera despedido o suspendido por algún instituto prohibido exigir ser restituido a las condiciones anteriores y dejar sin efecto la medida (incluso hubieron fallos que extendieron la protección incluso a los trabajadores que se encontraban en periodo de prueba).-

Pero ahora la cuestión es sustancialmente diferente. 

En efecto el Decreto que rige actualmente ha dispuesto que ninguna de las prohibiciones alcanza a los contratos de trabajo celebrados con posterioridad a la vigencia del decreto 34/19, esto es, al 13/12/2019. 

Esto significa que los contratos de trabajo celebrados entre el 14/12/2019 al 28/07/2020 que antes estaban protegidos ahora no encuentran más amparo en la norma y por lo tanto, al no regir prohibición alguna, es posible despedir sin causa o con causa en fuerza mayor o disminución o falta de trabajo o proceder a suspender por esas razones sin necesidad de acudir al art. 223 bis LCT (art. 19 de la Constitución Nacional).

Sin embargo es prudente considerar el contexto actual donde la emergencia ocupacional y sanitaria se ha extendido y que el propio decreto que comentamos dice en sus considerandos que “esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole, asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo”. 

Pareciera contradictorio por un lado motivar el decreto diciendo que es necesario adoptar medidas de idéntica índole (se refiere a la prohibición de despidos y suspensiones) tendientes a asegurar a los trabajadores que no perderán sus trabajos y seguidamente por el otro disponer expresamente no sólo la desprotección a un universo de trabajadores a partir de un criterio arbitrario como es el temporal sino que, además, extender esta desprotección a aquellos trabajadores que otrora estaban amparados.

No estoy aquí argumentando a favor de extender la prohibición de despidos y suspensiones, sino que haciendo una crítica a la técnica legislativa que, estimo, lejos de solucionar conflictos los va intensificar.

Por ello, es aconsejable analizar el caso concreto antes de proceder a una decisión de modo tal de evaluar las contingencias del caso.