Extienden a los socios condena por retención indebida de aportes

En primera instancia se había decidido la condena a la empresa y el rechazo de la demanda contra

los socios de la misma.

En la causa “Prada Fernández, César Augusto c/ Textil Roclan SACIFI y otros s/ Despido” la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo extendió la condena por el pago de la multa correspondiente al art. 132 bis de la LCT a los socios de la empresa empleadora.

Cabe señalar que en primera instancia se había decidido la condena a la empresa y el rechazo de la demanda contra los socios de la misma.

Para decidir de tal forma, la sala interviniente consideró que: “… Ni el régimen de la Ley de Sociedades Comerciales ni el del Cód. Civil de Vélez o el actual Cód. Civ. y Com. de la Nación admiten la responsabilidad de los titulares de los órganos de las personas de existencia ideal, por el solo hecho de ser tales. En todos los casos es menester la concurrencia de un factor de atribución autónomo para que opere la responsabilidad del sujeto. En otras palabras, no se responde por ser gerente, director o socio. Se responde por haber actuado en carácter de órgano respecto del ilícito. Por ello, cuando en nombre de una persona jurídica se realiza un acto ilícito, el hecho no puede ser imputado directamente a la sociedad. Sea el ilícito cometido por quienes la dirigen o administran, sea que la autoría del accionar antijurídico corresponda a dependientes.

En rigor de verdad, en estos supuestos, no se trata de descorrimiento alguno de velo societario sino de la responsabilidad por el hecho propio de quien, en tanto persona física, ha actuado como autor, partícipe, consejero o cómplice de actos ilícitos efectuados por medio de una persona jurídica… El derecho criminal considera al hombre natural, es decir, a un ser libre e inteligente. La persona jurídica está privada de ese carácter, no siendo sino un ser abstracto, al cual no puede alcanzar el derecho criminal. La realidad de su existencia se funda sobre las determinaciones de un cierto número de representantes, que en virtud de una ficción, son considerados como sus determinaciones propias. Semejante representación, que excluye la voluntad propiamente dicha, puede tener sus efectos en el derecho civil, pero jamás en el criminal”.

Continúa luego la sentencia: “… La existencia de un incumplimiento a sabiendas que ha de producir necesariamente daño al sistema de seguridad social constituye el supuesto de dolo regulado en la actualidad por el artículo 1724 del Cód. Civ. y Comercial que afecta a los autores, consejeros y cómplices del delito. Por ello, incumbe a estos demostrar el estado de necesidad o la imposibilidad del cumplimiento que justifique la conducta y en consecuencia excluyan la hipótesis del delito civil que importa la responsabilidad solidaria de quienes contribuyeron a la realización del daño…”.

De tal forma que, en base al agudo razonamiento del Dr. Arias Gibert, la extensión de condena a los socios, en el caso de retención indebida de aportes, no requiere de la aplicación del art. 54 de la Ley de Sociedades (es decir la desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad), sino que basta con probar el accionar doloso del socio (consistente en la retención) para hacerlo responsable solidario de la multa en cuestión. Entendemos que esta responsabilidad podría ser descartada en los casos en que el socio probara que se opuso expresamente a la conducta sancionada (es decir la retención indebida) o bien cuando se pueda demostrar que tal retención no fue posible (por ejemplo por imposibilidad económica de la empresa).

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