Disponen acumular a la indemnización agravada por embarazo,

una indemnización por daño moral

En un reciente fallo de la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en autos “L. S., R. G. vs. Banco Hipotecario S.A. s. Cobro de salarios” (del 23/09/2020) se decidió acumular al pago de la indemnización agravada por embarazo una indemnización adicional por daño moral.

En el expediente de referencia, la actora había firmado una desvinculación por mutuo acuerdo que a la postre fue cuestionada reclamando que la ruptura del vínculo había sido en realidad un despido sin causa. Dado que la extinción había operado dentro del período de protección dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo para la mujer embarazada, la parte actora planteó su derecho al cobro de la indemnización agravada de trece sueldos que establece dicho sistema. En el mismo sentido planteó una indemnización adicional por daño moral.

 

La sentencia de primera entendió que había mediado un despido, por lo que hizo lugar a la demanda por diferencias indemnizatorias, rechazando el reclamo de indemnización agravada por despido dentro del período de protección por embarazo, como así también lo peticionado en cuanto a la indemnización por daño moral.

 

La sala interviniente decidió revocar la sentencia en torno al reclamo de la indemnización agravada por embarazo como así también por daño moral. Con respecto al reclamo de la indemnización agravada, la sala entendió que más allá de no haberse producido la notificación fehaciente del mismo, quedó acreditado a través de los testigos que la demandada tenía conocimiento del estado de embarazo de la actora al momento de formalizarse el despido. De tal forma que revocó la sentencia de grado y dispuso el pago de la indemnización agravada diseñada por la Ley de Contrato de Trabajo.

 

En el mismo sentido, y es aquí donde resulta novedoso el fallo, con fundamento en diversos tratados de derechos humanos que han tenido recepción por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional (luego de la reforma de 1994), como así también en la ley 26.485 (Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales) y en la ley 23.592 (contra la discriminación) decidió imponer una indemnización por daño moral.

 

En tal sentido, la condena se funda: “… Recientemente la Corte ha dicho "... tanto el derecho a una reparación integral... como el derecho a la integridad de la persona en su aspecto físico, psíquico y moral y el derecho a la vida que enlaza a los dos primeros, se encuentran reconocidos por el plexo convencional incorporado al art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional (conf. arts. I de la Declaración Americana de los Derecho y Deberes del Hombre; 3º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4º, 5º y 21 del Pacto de San José de Costa Rica y 6º del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos"... (Fallos: 335:2333)..."el principio de la reparación integral es un principio basal del sistema de reparación civil que encuentra su fundamento en la Constitución Nacional..." (cfr. "ONTIVEROS Stella M. c/ Prevención ART S.A. y otros s/ accidente - inc. y cas". CSJ 85/2014 del 10/8/2017).

 

Sabido es que la obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende además de la indemnización por pérdidas e intereses la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima, tratándose de un daño in re ipsa, receptado como "consecuencia no patrimonial" en el art.1741 del CCCN L.26994…”.

 

Para luego agregar: “… en el ordenamiento jurídico nacional, constituye una referencia obligada en el tema, ley 26.485 (B.O. 14/04/2009), que, luego de establecer que violencia laboral contra las mujeres es aquella que "discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad y permanencia en el mismo" (art. 6º inc. c) y decreto 1011/2010), dispone que el Estado Nacional debe implementar el desarrollo de acciones prioritarias, concretamente a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, referidas a desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas para eliminar la violencia laboral contra las mujeres, debiéndose respetar el principio de no discriminación "El acceso al puesto de trabajo, en materia de convocatoria y selección;.." (cfr. art. 11, apartado 6, inc. a), pto. 1) y, ver también Recomendación General CEDAW Nro. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, 26 de julio de 2017)…”.

 

La sentencia de Cámara resulta ser un nuevo ejemplo de la aplicación del neoconstitucionalismo, en este caso en el ámbito del derecho del trabajo. Esta moderna corriente judicial implica aplicar, de manera más o menos directa, principios extraídos directamente de la Constitución Nacional (en el caso de los tratados de derechos humanos que conforman el llamado bloque de constitucionalidad).

 

La condena al pago de una indemnización por daño moral deja de lado el carácter ominicomprensivo que en forma casi unánime ha otorgado la jurisprudencia al sistema tarifado de la Ley de Contrato de Trabajo, resultando aún más llamativo que la misma se imponga junto con la indemnización agravada por embarazo. Esto por cuanto si el legislador entendió que la conducta de despido dentro del período de protección por embarazo debe indemnizarse en base a una tarifa indemnizatoria (que la Ley de Contrato de Trabajo ha fijado en trece sueldos), es llamativo que se admita una indemnización adicional sobre un mismo bien tutelado (la maternidad). Es decir que, si la conducta reprochable resulta ser haber despedido a una empleada encontrándose embarazada, y esa conducta ya se encuentran contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo con una consecuencia indemnizatoria específica, resulta difícil comprender cuál sería el fundamento para que, por esa misma conducta, se resuelva que corresponde además adicionar una indemnización por daño moral. De la lectura del fallo no se aprecia que haya existido una conducta adicional reprochable por parte de la empleadora.

 

Resulta indudable que el neoconstitucionalismo implica una aplicación más viva y dinámica del derecho y los valores de una sociedad, y de alguna manera superador de un mero positivismo. No obstante ello, debemos señalar que se requiere prudencia en la aplicación de esta corriente dado que se corre el riesgo de caer en una suerte de activismo judicial que lleve a la prescindencia de las normas, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello genere.

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