Inexistencia de relación laboral del transportista

Algunas prácticas básicas que resultan saludables a la hora de minimizar los riesgos relacionados con el mundo de las relaciones laborales

Por el Dr.  Ernesto Sanguinetti - Socio ASB Abogados

Un reciente fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Chiocca, Martín c/ Distribuidora Reset S.A. y otro s/ despido, Sentencia del 10-05-2019) declaró la inexistencia de relación laboral entre el transportista y la empresa contratante. Con voto de los Dres. Miguel Angel Pirolo y Victor Pessino, el fallo constituye un lúcido análisis de la cuestión fáctica planteada y del marco normativo de aplicación, que merece destacarse.

Parten de establecer la carga probatoria en la parte actora (quien invoca el vínculo de trabajo dependiente), entendiendo que a tenor de la prueba testimonial producida, no resulta acreditado de forma suficiente la dependencia invocada. 

Dice: “El accionante no produjo prueba que acredite en forma fehaciente el presunto carácter subordinado de los servicios de transporte que desarrolló en favor de la sociedad codemandada, es decir, que haya estado sujeto al cumplimiento de la asistencia regular, a un control de horarios o a un poder de dirección y disciplinario ejercido por la empresa codemandada” 

 

Destaco el acierto de los juzgadores de evitar el “lugar común” y “facilista” en que muchos jueces laborales incurren al aplicar inicialmente la presunción establecida en el Art. 23 de la L.C.T. sin ninguna prueba que la fundamente, invirtiendo de tal modo la carga probatoria y exigiendo a la empresa un enorme, y muchas veces imposible, esfuerzo probatorio.

En el presente caso, por el contrario, no sólo no se invierte la carga probatoria sino que se exige además mayor estrictez a la demandante, invocándose por los jueces la doctrina del fallo Plenario Nro. 31 CNAT, ("MANCARELLA, SEBASTIAN Y OTROS C/VIÑEDOS Y BODEGAS ARIZU SA) en cuanto afirma "En principio los acarreadores, fleteros, porteadores, etc., no se encuentran amparados por las disposiciones que rigen las relaciones laborales, pero sí tienen derecho a tales beneficios cuando prueban fehacientemente que pese a la denominación de tal relación contractual, se encuentran ligados por un verdadero contrato de trabajo".

Pese a tal primera conclusión ya de por si suficiente para fundamentar el rechazo de la demanda, la sentencia discurre en una serie de hechos probados que fortalecen la tesitura de la actividad autónoma del demandante, y que constituyen ápices a tener presente en casos similares. 

Estos puntos, que enuncio brevemente, son: 

  1. Que el actor prestaba tareas de reparto de mercaderías de forma autónoma antes incluso de iniciar el vínculo con la demandada.

  2. Que era propietario del vehículo aplicado al servicio, haciéndose cargo de los gastos y costos de mantenimiento.

  3. Que se encontraba inscripto en el Registro Único de Transporte Automotor y en la AFIP como autónomo.

  4. Que la utilización de un nombre de fantasía por el accionante, implica el reconocimiento que ejercía la actividad de forma autónoma – con su propia capacidad de organización y dirección – y como empresario.

  5. Que la suma facturada por el accionante era muy superior a los salarios vigentes para esos períodos.

 

Agregan además un punto a mi criterio fundamental: que el objeto central del contrato era el reparto en sí mismo y no la prestación de trabajo del demandante.

Resulta esencial la vocación de interpretar la situación fáctica planteada desde una perspectiva amplia, es decir con amplitud jurídica y entendiendo que otros tipos de contratos comerciales tienen muchas veces, notas de subordinación y no por ello una dependencia en los términos de la L. 20.744.  Lo importante, entiendo, es mirar la situación sin el “sesgo” de la “dependencia”.

El fallo, en este sentido, realiza un segundo acierto fundamental: interpreta adecuadamente el alcance u objeto de los servicios prestados, concluyendo que lo central era el transporte aun con desinterés sobre quien efectuaba la prestación de trabajo. 

Afirma “En efecto, de los propios términos de la demanda se desprende que el Sr. Chiocca realizaba servicios de reparto de mercadería en favor de la sociedad codemandada, con un vehículo propio que aportaba a la relación cuyos gastos asumía personalmente, por lo que cabe analizar si el objeto esencial de las prestación a su cargo consistía en el mero aporte de su capacidad personal de trabajo; o si, por el contrario, tenía por objeto la obtención de un resultado -"opus"- en cuyo logro lo fundamental era el transporte de los productos de la demandada en corta y larga distancia y no el trabajo personal del actor”

Agregando: “…. me persuade que el objeto esencial del servicio contratado al accionante era el reparto y transporte de mercadería y no la mera disponibilidad de su capacidad de trabajo,porque es obvio que lo imprescindible en orden a la necesidad que intentaba cubrir la empresa codemandada, era contar con un vehículo para el reparto y/o transporte, y no con la prestación personal de aquél”

Finalmente, debe entenderse que los contratos comerciales – muchos de ellos – suelen tener necesariamente obligaciones de control o subordinación, y no por ello implica presumir una relación de dependencia. En general, ese “control” o “subordinación” se refiere a la necesidad de organizar las prestaciones contractuales, y no a la vocación de sujetar a las personas vinculadas directa o indirectamente al contrato, a una dependencia con las notas de tipicidad de la L. 20.744.

 

Tal como señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación el control existe en una serie de contratos de colaboración, porque quien no puede hacer algo por sí mismo, lo delega en otro y lo controla. En los vínculos de colaboración autónomos hay una intromisión o injerencia del titular del interés sobre quien realiza la colaboración y está destinada a precisar el objeto del encargo. Dicha injerencia es distinta de la dependencia laboral, ya que esta última no se limita al objeto del encargo pues alcanza al elemento personal, al trabajador, que está jurídicamente subordinado. (Conf. "Cairone Mirta Griselda y otros c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires - Hospital Italiano s/ despido" Recurso de hecho 1468/2011 47-C).

De tal modo que resulta acertado entender que “La circunstancia de que el transportista debiera concurrir al establecimiento de la coaccionada y que debiera atenerse a los itinerarios fijados por aquélla para el reparto, o que hayan tenido que llevar facturas y/o rendir cuentas de las mercaderías entregadas; no resulta decisivo para tipificar una relación dependiente…” y concluir, que no existe impedimento natural ni jurídico para que una empresa subcontrate la entrega de mercaderías u objetos a sus clientes con uno o con varios empresarios dedicados al transporte o a servicios de fletes.

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