Ley de abastecimiento. Intimación a empresas a aumentar al máximo la producción.

 

Por el Dr. Esteban Elustondo – Asociado en ASB Abogados

Con fecha 09 de abril de 2021, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 330/2021, de la Secretaría de Comercio Interior, Ministerio de Desarrollo Productivo, que intima a empresas que en 2019 hayan registrado ventas totales en el mercado interno superiores $3.955,2 millones en el sector industrial y en las del sector comercial superiores a $3.698,27 millones, a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar el transporte, distribución y provisión de sus insumos y bienes finales.

Quienes no cumplan con esta intimación, serán pasibles de que les sea aplicable las sanciones previstas en la llamada Ley de Abastecimiento N° 20.680.

El supuesto espíritu de la norma sería paliar la caída en los niveles de productividad de numerosas actividades y evitar el desabastecimiento, aunque llamativamente no repara en los motivos de tales fenómenos. 

 

Se trata de una intervención más del Estado en el sector privado, sin contemplar cuestiones básicas como la restricción a la circulación y el cierre de las escuelas dispuestas por la propia Administración Pública, que atentan contra la posibilidad de contar con la mano de obra necesaria para elevar la producción al máximo.

Asimismo, la norma nada dice respecto de cómo las empresas podrían producir al máximo de su capacidad instalada cuando las restricciones alcanzan al transporte de mercaderías, la importación y exportación de bienes, todo ello sumado a un acotado acceso al mercado de divisas y a una economía que se encuentra en franco retroceso.

En definitiva, el Estado impone a las empresas alcanzadas por la norma una obligación de cumplimiento prácticamente imposible y, a su vez, ante el incumplimiento agrega una batería de sanciones de profunda gravedad.

La ausencia de un rumbo claro y las constantes normas que modifican las reglas de juego, trazan un escenario de suma fragilidad para el arco empresario, exigiendo tener una capacidad de adaptación que difícilmente sea compatible con organizaciones de cierta envergadura como lo son los sujetos alcanzados por la Resolución.

En definitiva, si bien la norma ya se encuentra en vigencia desde su publicación (09/04/2021), pareciera que su aplicación representará para la Administración Pública un serio desafío si pretende evitar una avalancha de pleitos, y tanto más será desafiante para el sector privado que atraviesa una emergencia cuya gravedad no termina de definirse.

Resulta esperable que algunas de las medidas que pueda tomar la Administración puedan lesionar o restringir derechos de indudable raigambre constitucional, como por ejemplo el derecho a ejercer toda industria lícita que prevé el art. 14 de nuestra Constitución Nacional. Este tipo de conductas exigirá de parte de las empresas un asesoramiento personalizado y eficaz, dos características que describen el trabajo que realizamos a diario desde ASB Abogados.