La prestación efectiva del delegado sindical como causa

del pago de adicionales de convenio

El día 07 de agosto de 2020 el Juzgado Nacional de Primera Instancia de Trabajo N° 36 dictó sentencia definitiva en la causa “BAZAN CARLOS EDUARDO C/ NESTLE ARGENTINA S.A. Y OTRO S/ DESPIDO” donde intervinimos representando a la firma empleadora SERVICIOS DE REPARTO S.R.L.

   1. Los hechos:

 

En cuanto a los hechos, como elemento destacado, el trabajador denunció que se desempeñó durante largos años como delegado gremial y que si bien percibió su salario lo fue sin los adicionales previsto en el CCT 40/89.

 

El trabajador, por tanto, inició su reclamo epistolar persiguiendo principalmente el pago de los adicionales previstos en los arts. 3.61., 4.4.1., 4.1.8, 4.1.14 y 4.2.3. del CCT 40/89 (entrega de ropa de trabajo, pernoctada por encontrarse fuera de su residencia, control de operaciones de descarga y horas extraordinarias por kilometraje recorrido), lo cual fue rechazado por la firma empleadora con el argumento de que el trabajador, durante largos años, ninguna prestación laboral había realizado para la empresa que justifique su reclamo.

 

Esto llevó a que el trabajador se considerase injuriado y despedido e iniciara el juicio procurando el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, diferencias salariales y la indemnización agravada por su carácter de delegado gremial en función de los arts. 48 y 52 de la ley 23.551. La liquidación practicada por la parte actora arrojó una suma millonaria.

 

   2. La decisión del juez de primera instancia:

 

El juez de primera instancia decidió rechazar en lo principal el reclamo del actor, desestimó la pretensión indemnizatoria, las diferencias salariales y la indemnización agravada de la ley 23.551 conforme los siguientes argumentos “Aún cuando pudiera considerarse acreditado que al actor no se le liquidaban los adicionales establecidos en el CCT 40/89 relacionados con la tarea de chofer (…) el hecho de la falta de prestación de tareas de su parte (…) para la demandada al momento de formular los mismos (…) impide valorarlo como impeditivo de la continuidad de la relación laboral” (el subrayado nos pertenece).

En efecto el juez sostuvo en su fallo que si bien el deber de ocupación recae sobre el empleador “dicha obligación cede cuando existen motivos fundados que impiden la satisfacción de tal deber, como sucede en el caso, que el actor se desempeñaba en calidad de delegado gremial y se encontraba eximido de la prestación efectiva de sus tareas”. Y concluye: “En consecuencia, frente a la falta de acreditación de la realización de las tareas como chofer (…) al accionante no le correspondía percibir los adicionales de convenio que se encuentran estrechamente ligados al desempeño en función de ese carácter (…). En definitiva, no existía obligación de parte del empleador de abonarlos por cuanto carecían de una causa que justifique el desplazamiento patrimonial que implica el pago que se pretendía” (el resaltado me pertenece).

 

Otro aspecto importante del fallo tiene relación con la naturaleza de injuria suficiente que prevé el art. 242 de la LCT como justificante de la ruptura de la relación laboral.

 

El juez consideró que no hay injuria donde no existen situaciones concretas derivadas del ambiente de trabajo o de las relaciones que allí se traban, pues estas situaciones concretas relacionadas con el contexto laboral “han de ser la exacta medida de la gravedad del hecho”.  Particularmente en este caso, la parte actora incorporó como injuria la (supuesta) falta  de pago, al conjunto de los trabajadores, de un acuerdo colectivo celebrado con la empresa empleadora, es decir planteó como injuria personal el aparente rechazo a un reclamo de “raíz colectiva” que formuló en su función de delegado sindical. Esta generalización, propia del reclamo colectivo, es lo que desvirtúa el concepto de injuria laboral que impide la continuidad del vínculo laboral, que por su naturaleza es personalísima y exige suficiente claridad (art. 242 y 243 LCT).

Finalmente, en cuanto a la indemnización agravada de la ley 23.551, el juez consideró que los “reclamos infundados del actor (…) y en la medida que la parte actora ninguna prueba produjo tendiente a demostrar los malos tratos y la persecución hacia su persona (…) ni tampoco que el hecho de que su despido fuera producto de una represalia por su condición de delegado gremial (…) no encuentro configurado ninguno de los supuestos previstos en los arts. 48 y 52 que activen las garantías allí consagradas”.

 

   3. Consideraciones:

 

El fallo de primera instancia lo consideramos, en lo sustancial, preciso y acorde a derecho.


 

Ello por cuanto, en nuestro país rige el principio de igualdad ante la ley y el principio de igual remuneración por igual tarea mientras que se rechaza toda prerrogativa, fueros personales o títulos que coloquen a una persona cualitativamente por encima de otra (arts. 14 bis y 16 de la Constitución Nacional).

 

No caben dudas que el delegado sindical es un trabajador sujeto a la dirección y a las órdenes de trabajo del empleador y que debe, al igual que el resto, su prestación laboral, pues la ley es clara cuando afirma que su función sindical la ejerce durante el crédito de horas pactadas con el empleador o previstas en el CCT aplicable (art. 44 inc. c) ley 23.551).

Su cargo no lo ubica en una posición privilegiada respecto a los otros trabajadores, no hay per se un eximente de su debito laboral, sino que la ley lo único que prevé es la protección especial para garantizar estabilidad en su puesto de trabajo en función de su mayor exposición como representante de los trabajadores.

Un primer aspecto que destacamos en este fallo es la posibilidad jurídicamente válida de pactar con el delegado sindical la eximición de la prestación de tareas a cambio de un pago salarial básico de convenio, excluyendo aquellos adicionales que tengan como causa exclusiva o estén estrechamente vinculados con la prestación laboral. Pienso en presentismo, complementos de servicios, comisiones, bonos, premios, etc; ello por cuanto no hay obligación de pago cuando no hay causa que lo justifique.

Otro aspecto, en cambio, es cuando de una situación forzada (no querida por el empleador) el delegado sindical queda “eximido” de hecho de la prestación laboral y ejerce con exclusividad su función gremial u otras veces, más graves aún, no hay siquiera este último ejercicio y la función muta a un cargo equivalente a una prerrogativa especial o un título que lo privilegia como mero elemento de cambio que garantiza la “paz social” dentro de la empresa.

Lo importante de este fallo, que celebramos, atiende un aspecto importante de la relación con los delegados sindicales: la condición para que el delegado gremial perciba su salario al igual que el resto de los empleados es la de prestación de sus tareas a favor del empleador y, a todo evento, ejercer su mandato gremial en el marco de la ley; mientras que si su función es exclusivamente la sindical entonces su estructura salarial se podría ver modificada sin que esto implique una injuria y menos una de tal magnitud que justifique el rompimiento del vínculo laboral.

Resta ahora aguardar la sentencia del tribunal superior, augurando que lo ratifique en estos planteos.

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