Prórroga del régimen de prohibición de despidos y suspensiones.

Mediante Decreto 345/2021 (28/05/2021) se estableció nuevamente, la prórroga del régimen de prohibición de despidos y suspensiones por causas económicas, hasta el 30/06/2021.   Recordamos los aspectos esenciales:

 

  • La prohibición de despidos y suspensiones por causas económicas, solamente se aplica a las relaciones de trabajo con inicio anterior al 13/12/2019.

  • Quedan prohibidos los despidos sin justa causa o por falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.

  • Se prohíbe realizar suspensiones por causales de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo.

  • Se mantiene la posibilidad de suspender en los términos del art. 223 bis de la LCT (es decir la modalidad de suspensiones concertadas y que prevén el pago de una suma no remunerativa durante su vigencia), sin límite temporal.

  • Se excluye de sus previsiones al personal de construcción contratado bajo el régimen de la L. 22.250 y al personal del sector Público Nacional.

 

Los efectos de la prohibición de despidos sin justa causa o por causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se materializa de la siguiente manera:

 

- El trabajador podrá solicitar la nulidad del despido, que implicará como consecuencia la “reinstalación” que, aun para el caso que el empleador no tenga tareas efectivas para otorgar, implicará la continuidad del vínculo laboral con el derecho de pago remuneratorio.

- El trabajador podrá, no obstante, optar por percibir sus indemnizaciones por despido, en cuyo caso deberá tenerse presente que sigue vigente el sistema de “duplicación”, impuesto por el Decreto 34/19 y 39/21, lo que se encuentra vigente hasta el 31/12/2021.

- En tal caso – duplicación indemnizatoria – corresponderá incrementarse los montos indemnizatorios como consecuencia del despido incausado, hasta el tope de $ 500.000,00.

- En caso de suspensiones en contravención a la prohibición dispuesta, la contingencia asumida será que el trabajador tendrá derecho a impugnar la suspensión, y en consecuencia de percibir el 100% de su salario habitual y normal con carácter remunerativo. Ello sin perjuicio del derecho del trabajador de extinguir el vínculo laboral por culpa del empleador (despido indirecto).

 

El régimen de prohibición, a esta altura de los acontecimientos – más de UN año de prohibición – podría resultar cuestionable en su legitimidad y constitucionalidad, ya que los fundamentos de su dictado inicial han desaparecido por completo.

 

Por otra parte, es claro su desacierto como política laboral, ya que impide a los empleadores que se ven compelidos a reorganizar su empresa, a tomar las medidas necesarias para la sustentabilidad del negocio.

 

Por otro lado, si bien se encuentran autorizadas las suspensiones en los términos del Art. 223 Bis de la L.C.T., debemos recordar que a la fecha no existen acuerdos colectivos sectoriales (por lo menos para la mayoría de las actividades) que avalen o legitimen las suspensiones colectivas.  

 

Entendiendo que en el contexto actual el empleador tiene un deber de sostener la producción y las fuentes de trabajo, consideramos que, con independencia del régimen de prohibición impuesto, cada empleador deberá evaluar de forma particular la situación y las medidas necesarias para adaptar o reorganizar la empresa.