Se prorroga la prohibición de despidos y suspensiones

En el día de hoy se publicó en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia 624/2020, en virtud del cual el Poder Ejecutivo ha decidido prorrogar la prohibición de despidos sin justa causa y la de los despidos por falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. En el mismo sentido, se prorrogó la prohibición de suspender por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. En ambos casos, la prohibición rige a partir de su publicación y por el plazo de 60 días, es decir hasta el día 26 de septiembre de 2020.

 

La novedad que trae este decreto con respecto a la prórroga anterior y en relación al primero de ellos, 329/2020, es que se excluye de la prohibición de suspensión y despidos al personal del Sector Público Nacional. Recordemos que estos empleados ya están excluidos del alcance de la doble indemnización desde el mes de febrero de este año, cuando a través del decreto de necesidad y urgencia 156/2020 así fuera dispuesto.

 

Amén de la cantidad de aristas que pueden analizarse desde el punto de vista jurídico, empezando por el hecho de que ambas medidas son dictadas a través de un decreto de necesidad y urgencia y modifican el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo que lógicamente tiene rango legal, llama la atención que se disponga la exclusión del empleo público.

 

El presente decreto, al igual que los anteriores 329/2020 y 487/2020, dispone básicamente la imposibilidad para el empleador de despedir (sin causa o por causas económicas) o suspender (por causas económicas). Esto se hace bajo un evidente contexto hiperrecesivo, producto de la pandemia y de la crisis económica anterior que ya  azotaba nuestra economía, obligando al empleador a “sostener” un negocio a costa de su posible ruina. ¿Esto resulta lógico?

 

Es decir, considerando que esta situación no pudo ser prevista por nadie, incluido el empleador, ¿hasta qué punto es lógico y constitucional que a través de un decreto se obligue a ese empleador a sostener relaciones de trabajo que impliquen un gran perjuicio económico a riesgo de poner en riesgo la continuidad de la empresa? ¿Dónde queda la facultad de dirección y organización de la empresa que tiene, o debería tener, todo empleador? ¿Dónde queda el derecho constitucional que tiene, o debería tener, de ejercer industria lícita?

¿Puede la ajenidad del riesgo empresario que consagra la Ley de Contrato de Trabajo llegar tan lejos como para exigir que el empleador deba hacerse cargo de los efectos de una pandemia mundial? Y la novedad que tenemos ahora: ¿es lógico considerar que el esfuerzo lo deba hacer el empleador privado y no el Estado? Se ha escrito mucho sobre el exceso de empleados públicos y sería deseable que se adecuara su estructura. Es poco probable que esto pase, pero es llamativo que a través del decreto se considere, al menos de manera implícita, que el esfuerzo de sostenimiento de empleo debe mantenerse en el sector privado y no en el sector público.

 

Se entiende perfectamente que la intención que subyace en el decreto en cuestión es que se conserven las fuentes de trabajo en el contexto de las gravísimas consecuencias que trae el aislamiento obligatorio que ha venido prorrogando el Gobierno desde el 20 de marzo. Sin embargo, no hay dudas que el esquema que ha dispuesto el Gobierno no resuelve el problema sino que simplemente consiste en poner un “tapón” que en algún momento necesariamente estallará. Reitero: es atendible intentar conservar las fuentes de trabajo. Lo que no resulta lógico es a costa de destruir la empresa, que en definitiva es quien genera el empleo.

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