Una nueva prórroga del régimen de doble indemnización y la prohibición de despidos

Por el Dr. Lucas Battiston – Socio Director en ASB Abogados

En fecha 23 de enero de 2021 se publicó el decreto de necesidad y urgencia 39/2021, a través del cual se decide prorrogar, nuevamente, la prohibición de despidos y suspensiones por causas económicas, como así también el régimen de doble indemnización (aunque como se explicará más adelante, con una modificación respecto del sistema original).

El decreto dispone en su artículo 1 la prórroga de la emergencia ocupacional que ya había sido decretada por el decreto 34/2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.

 

La extensión de la prohibición de despidos sin causa (o por causas económicas) y de las suspensiones por causas económicas se dispone por el plazo de 90 días corridos contados a partir del vencimiento del plazo del anterior decreto (891/2020), por lo que la actual prohibición vence el día 25 de abril de 2021. El decreto mantiene la posibilidad de suspender en los términos del art. 223 bis de la LCT (es decir la modalidad de suspensiones concertadas y que prevén el pago de una suma no remunerativa durante su vigencia).

 

El decreto prevé expresamente la consecuencia de los despidos que se produzcan en contravención al mismo. En tal caso establece que, si el despido se produce dentro del plazo de 90 días de prohibición, el trabajador podrá solicitar la nulidad del mismo y que si el despido se produce dentro del período de vigencia de la emergencia ocupacional (es decir hasta el 31 de diciembre de 2021) el empleador deberá abonar el doble de la indemnización correspondiente. Aquí es donde se produce la primera novedad respecto del sistema que rige hasta el 25 de enero dado que establece en su artículo 6 un tope de $ 500.000.- para dicho rubro. De tal forma que, a partir de la vigencia del decreto 39/2021, la duplicación indemnizatoria no podrá superar la suma de $ 500.000.- Es claro que la intención del Poder Ejecutivo en este caso ha sido limitar el alcance de este régimen indemnizatorio agravado para los empleados de mayor poder adquisitivo, dado que presumiblemente serán éstos quienes superen habitualmente este monto. Entiendo que esta ha sido la intención, pero resulta dudosa su eficacia dado que es posible que trabajadores que no perciben salarios altos pero sí tengan mucha antigüedad superen dicho monto y por ende se vean afectados por la limitación de este nuevo decreto.

 

Con respecto al COVID como afección de salud, el mismo decreto dispone extender por 90 días corridos la presunción que originariamente estableció el decreto 367/2020. Así, se establece que se considerará presuntivamente como enfermedad profesional (no listada) y por ende los trabajadores que presten tareas fuera de su domicilio y padezcan la misma, recibirán las prestaciones médicas y dinerarias que establece la Ley de Riesgos del Trabajo por parte de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. En el caso de trabajadores de la salud, se dispone el nexo causal directo entre las tareas cumplidas y el eventual contagio. En ambos casos se admite la prueba en contrario para desvirtuar dicha presunción.

 

Al igual que en la anterior prórroga, se excluye de este régimen al personal del sector Público Nacional definido por el art. 8 de la ley 24.156 (cualquiera sea el régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal). También se excluye del régimen de la prohibición de despidos y suspensiones, como así también del régimen de doble indemnización a las contrataciones efectuadas con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto 34/2019 (es decir a las contrataciones producidas luego del 13 de diciembre de 2019).