Se prorroga la prohibición de despidos y suspensiones

En el día de hoy se publicó en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia 761/2020, en virtud del cual el Poder Ejecutivo ha decidido prorrogar la prohibición de de despidos sin justa causa y la de los despidos por falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. En el mismo sentido, se prorrogó la prohibición de suspender por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. En ambos casos, la prohibición rige a partir de su publicación y por el plazo de 60 días contados desde el vencimiento del plazo del anterior decreto de prórroga. De tal forma que la prohibición ahora rige hasta el día 25 de noviembre de 2020.

Al igual que el anterior decreto 624/2020, se excluye de la prohibición de suspensión y despidos al personal del Sector Público Nacional. Recordemos que estos empleados ya están excluidos del alcance de la doble indemnización desde el mes de febrero de este año, cuando a través del decreto de necesidad y urgencia 156/2020 así fuera dispuesto. También se excluye de la prohibición de suspensiones y despidos al personal contratado con posterioridad a la entrada en vigencia de este decreto (situación que ya se daba con el anterior decreto de prórroga). De tal forma que las nuevas contrataciones que se hagan durante la vigencia de este decreto no resultan alcanzadas por las prohibiciones que el mismo establece.

El presente decreto, al igual que los anteriores 329/2020, 487/2020 y 624/2020 dispone básicamente la imposibilidad para el empleador de despedir (sin causa o por causas económicas) o suspender (por causas económicas). Esto se hace bajo un evidente contexto hiperrecesivo, producto de la pandemia y de la crisis económica anterior que ya  azotaba nuestra economía, obligando al empleador a “sostener” un negocio a costa de su posible ruina. ¿Esto resulta lógico?

Llama la atención que el Gobierno persista en este tipo de medidas cuando la realidad indica que las empresas han encontrado otras formas de extinguir las relaciones laborales en lo casos en que no resulta viable mantener el empleo. Esto se ha llevado adelante principalmente a través de la celebración de acuerdos de extinción consensuados.

 

Por otro lado, la contínua extensión de este tipo de medidas, que indudablemente restringen severamente o hasta anulan el derecho constitucional de ejercer el comercio, contratar y desarrollar toda industria lícita, comienza a ser de dudosa constitucionalidad. La doctrina de la Corte Suprema ha dicho ya en reiteradas oportunidades a lo largo de la historia que las medidas que restinjan derechos de raigambre constitucional pueden ser validadas en tanto sean razonables y limitadas en el tiempo. La razonabilidad de las medidas ya comienza a ser dudosa y su permanente prórroga lleva a una sensación de perpetuidad que lógicamente resulta contraria a uno de los requisitos fundamentales que el Alto Tribunal ha señalado en su inveterada jurisprudencia al respecto.

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