Protocolo general para la prevención COVID-19. Recomendaciones.

Mediante Disposición 16/20 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (Boletín oficial 11/08/2020) estableció el protocolo general de prevención para COVID-19, como recomendaciones y pautas de prevención y seguridad mínimas a cumplimentar para todas las actividades, sin perjuicio de los protocolos particulares para ciertas actividades como asimismo las medidas de seguridad complementarias que puedan determinar cada empresa.

 

Para ver el protocolo acceda al siguiente link: https://www.asbabogados.com.ar/protocolo-general-covid-19

 

Recordamos brevemente que el empleador tiene un expreso deber de seguridad, que a tenor de la normativa general y de la normativa particular dictada en el contexto de emergencia sanitaria, se ha impuesto – por lo menos en su literalidad – como un cuasi deber de garantía sobre la salud de los trabajadores.

El Art. 8 y 9 de la Ley 19.587, establecen que el deber del empleador de adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores.

 

Por su parte la Ley 24.557, sobre Riesgos del Trabajo, estableció específicamente el deber de prevención y de prevenir eficazmente los riesgos del trabajo (Art. 31)

 

El art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, prevé de forma específica un deber de seguridad:

“El empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias, y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos. Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo”

 

Estos deberes genéricos de prevención y seguridad, fueron extremados y agravados por la normativa de emergencia sanitaria, en el marco de las normativas sobre Distanciamiento o Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, de tal modo que cada habilitación de nueva actividad – conforme a las disposiciones administrativas o decretos pertinentes – ha establecido de forma expresa un deber agravado para el empleador.

 

Se ha determinado este deber como la obligación de observar las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria y de garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas para preservar la salud de los trabajadores.

Este marco normativo puede ocasionar algunas contingencias:

· El empleado podría negarse a prestar tareas, sin pérdida de remuneración, sin no se acreditar el cumplimiento de la normativa de seguridad y prevención de aplicación.

· Podrían materializarse reclamos de daños y perjuicios, por parte de trabajadores contagiados por COVID-19, para el caso que no pueda determinarse con precisión la causa de su contagio y se constate el incumplimiento de las medidas de seguridad que le son exigibles.

 

Sugerimos a cada empresa evalúe de forma particular los protocolos de seguridad e higiene tendientes a preservar la salud de los trabajadores conforme a las particularidades de cada actividad y evaluando las recomendaciones especiales de aplicación, no debiendo limitarse a las mismas sino entenderse como un piso mínimo de cumplimiento, pudiendo en cada caso complementar con las medidas que se estimen pertinentes en atención a los procesos involucrados en las tareas desarrolladas en cada establecimiento.

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