Se prórroga hasta el 31/12/2021 el régimen de prohibición de despidos y suspensiones.

Mediante Decreto 413/2021 (28/06/2021) se estableció nuevamente, la prórroga del régimen de prohibición de despidos y suspensiones por causas económicas, hasta el 31/12/2021.   

 

Recordamos los aspectos esenciales:

 

  • La prohibición de despidos y suspensiones por causas económicas, solamente se aplica a las relaciones de trabajo con inicio anterior al 13/12/2019.

  • Quedan prohibidos los despidos sin justa causa o por falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.

  • Se prohíbe realizar suspensiones por causales de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo.

  • Se mantiene la posibilidad de suspender en los términos del art. 223 bis de la LCT (es decir la modalidad de suspensiones concertadas y que prevén el pago de una suma no remunerativa durante su vigencia), sin límite temporal.

  • Se excluye de sus previsiones al personal de construcción contratado bajo el régimen de la L. 22.250 y al personal del sector Público Nacional.

La prohibición de despidos implica la posible contingencia de inoponibilidad del mismo, y consecuentemente que el trabajador pueda solicitar la “reinstalación” que, aun para el caso que el empleador no tenga tareas efectivas para otorgar, implicará la continuidad del vínculo laboral con el derecho de pago remuneratorio.

 

Ello no quita que pese a la prohibición, el trabajador pueda optar, optar por percibir sus indemnizaciones por despido, en cuyo caso deberá tenerse presente que sigue vigente el sistema de “duplicación”, impuesto por el Decreto 34/19 y 39/21, lo que se encuentra vigente hasta el 31/12/2021.

 

El régimen de prohibición, a esta altura de los acontecimientos – más de DIECISIETE MESES de prohibición –resulta cuestionable en su legitimidad y constitucionalidad, ya que los fundamentos de su dictado inicial han desaparecido por completo. Entendiendo que en el contexto actual el empleador tiene un deber de sostener la producción y las fuentes de trabajo, consideramos que, con independencia del régimen de prohibición impuesto, cada empleador deberá evaluar de forma particular la situación y las medidas necesarias para adaptar o reorganizar la empresa.