Consideran vinculado por una relación dependiente al médico de un plantel de rugby

Por el Dr. Lucas Battiston – Socio Director en ASB Abogados

En un reciente fallo, de fecha 16 de diciembre de 2020, la sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en autos “Salvatore, Enrique Mauricio c. Club Atlético San Isidro y otro s. Despido” condenó al club de rugby demandado al considerar como relación laboral la relación que lo uniera con el actor.

En el caso se había planteado que la vinculación con el club de rugby no era un servicio profesional sino una relación de trabajo, enmarcable dentro del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo. Negada esta calidad por parte del club, el actor procedió a considerarse despedido. Obtuvo así una sentencia de primera instancia favorable, siendo ella apelada por el club y luego tratada por la sala interviniente. En este caso la alzada consideró que los testigos habían sido idóneos para probar los servicios como médico del plantel de rugby del demandado y que ello permitía inferir la existencia de una relación subordinada a la organización y directivas del club demandado. La demandada argumentó en su recurso que se había probado que el actor facturaba por el resto de los médicos que trabajaban para el plantel de rugby, lo que llevaba a la idea de que el mismo actuó como empresario y que su prestación no fue infungible dado que había sido brindada tanto por el propio actor como por otros profesionales por él designados. La sentencia de Cámara desestimó este argumento entendiendo que ese comportamiento (facturación del actor por el resto de los médicos) había sido una imposición del club y que el actor no tuvo la estructura de una empresa o empresario en el servicio prestado.

 

Así, la alzada confirmó la condena de la sentencia de grado y por ende entendió que la relación que uniera al actor con el club demandado fue de neto corte laboral. Ello a través de la presunción que emana del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece la presunción de existencia de un contrato o relación de trabajo en los casos en que se acredite la prestación de un servicio u obra a favor de otro.

 

Nos encontramos entonces ante otro supuesto de la vasta zona intermedia que se extiende entre la relación de dependencia y la autonomía, situación que en nuestro país carece de regulación legal alguna y nos lleva al binarismo que ha imperado a lo largo de todo el siglo XX y persiste en el siglo XXI: o se es trabajador dependiente o se es autónomo. Ello a diferencia de otros países donde existen figuras intermedias entre la relación dependiente y la autónoma, pudiendo citar como ejemplo los parasubordinados (Italia), los cuasiasalariados (Alemania) o los trabajadores autónomos económicamente dependientes (denominados “trade” en España). Todas ellas modalidades de prestación de servicios que no encajan en la noción tradicional de dependencia ni tampoco en la de autonomía, y siendo por ende receptadas por la legislación de cada uno de los países nombrados con una regulación especial.

 

No cabe ninguna duda que las transformaciones en el proceso productivo y los enormes cambios que se dieron a nivel social en los últimos años han llevado a una progresiva indiferenciación práctica entre el trabajo dependiente y el trabajo autónomo. Incluso muchas formas de trabajo que antes se brindaban de manera autónoma, hoy es común que se presten con notas de dependencia o al menos en la anteriormente denominada “zona gris” entre la autonomía y la dependencia. Es indudable entonces que el binarismo autonomía-dependencia que presenta nuestro sistema jurídico es insuficiente para abarcar las más modernas formas de trabajo, incluida por ejemplo como en este caso, el trabajo de los médicos.

 

Nuestra Ley de Contrato de Trabajo ha consagrado la dependencia como factor esencial a la hora de determinar la existencia o no de una relación de trabajo. Esta noción de dependencia fue clasificada por la doctrina clásica en jurídica, económica y técnica, entendiendo de esta manera que los servicios u obras que resultaban prestados bajo estas notas típicas eran los que debían ser regulados por la Ley de Contrato de Trabajo.

 

Por su virtual condición de “llave maestra” que habilita la aplicación efectiva de las normas del Derecho del Trabajo a las relaciones concretas que le contienen, el instituto de la dependencia o subordinación laboral es uno de los que, a mi juicio, reclama el más cuidadoso seguimiento. La pregunta es entonces qué correspondencia guarda con los modos dominantes en los que hoy y en los inmediatos tiempos por venir se contrata y se despliega el trabajo humano, si todos ellos tienen cabida en aquel molde tradicional y, en consecuencia, si encuentran respuesta a sus específicas necesidades de regulación y amparo; si, en todo caso, la categorización universalizadora del concepto tradicional de la dependencia, deja espacio suficiente para la diversificación regulatoria que demanda la creciente heterogeneidad productiva.

 

La respuesta a esta pregunta es, a mi juicio, que la persistencia en intentar que sea sólo la dependencia la que califique el encuadre en cada caso lleva a situaciones de extrema injusticia, donde en ocasiones quienes no requieren del manto protectorio de nuestra Ley de Contrato de Trabajo son abarcados por la misma y, por el contrario, quienes sí requieren de esta protección son dejados de lado. Baste citar como ejemplo al respecto que hoy un trabajador de cualquier plataforma digital tendrá severas dificultades para lograr su encuadre dentro del marco de la Ley de Contrato de Trabajo, mientras que el gerente general de una empresa multinacional goza sin ningún esfuerzo de todas los derechos y garantías que dicha norma le brinda.

 

Es hora de avanzar con nuevas regulaciones que posibiliten abarcar estas situaciones intermedias (como el caso en comentario del médico de un plantel de rugby). Estas nuevas regulaciones deberían permitir contratar servicios que en muchos casos presentan escasas evidencias de dependencia con la suficiente tranquilidad de que el día de mañana, si la relación no puede continuar, no será considerada como una situación de empleo no registrado, con todos los agravantes que ello implica en cuanto a incrementos derivados de las leyes 24.013, 25.323 y 25.345.

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