Responsabilidad solidaria en las subcontrataciones

Ernesto Sanguinetti nos cuenta sobre cómo el derecho debe regular las normas de conducta impuestas, con la mayor claridad posible para los ciudadanos

Por el Dr.  Ernesto Sanguinetti - Socio Director ASB Abogados

No puede existir un derecho que cumpla su función social adecuadamente, si depende de la casuística judicial impulsada por las interpretaciones del juez de turno.  El “sano criterio judicial” - habitualmente expuesto en las sentencias como fundamento - ha demostrado de sobra que muchas veces no es “sano” y, otras, ni siquiera es “criterio”.

El derecho debe regular las normas de conducta impuestas, con la mayor claridad posible para los ciudadanos, permitiendo entender de forma simple, clara y concreta, cuáles son las reglas de juego. Requiere previsión, razonabilidad y seguridad jurídica.

La regulación que la Ley de Contrato de Trabajo establece para la solidaridad laboral - en el caso de contratistas y subcontratistas - a instancias del Art. 30, resulta una muestra clara de ambigüedad jurídica y causal directa de una gran litigiosidad y consecuente incertidumbre por parte de las empresas contratantes.

Dice al respecto el el Art. 30 L.C.T.: “Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social”, agregando como consecuencia: “El incumplimiento de alguno de los requisitos harán responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social”

De tal modo que la discusión general que se plantea es cuando un subcontratación o contratación se encuadra dentro de la la “actividad normal y específica” del contratante, lo que ha determinado a lo largo de los años, una casuística agotadora, contradictoria e incierta.

Un reciente antecedente judicial (Balmaceda, Julián Ezequiel c. New Star Company SRL y otro s/ despido) dictado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, determinó algunos aspectos conceptuales sobre la solidaridad laboral referida, que entiendo trascedentes para entender sus alcances. 

En el caso, se trató de un trabajador del servicio de comedor del Banco Nación; habiéndose acreditado que dicho servicio comedor había sido adjudicado por resolución del Directorio a una empresa por proceso licitatorio.

La sentencia rechazó la solidaridad laboral pretendida en torno al banco, por entender “debe demostrarse que la tercerización de servicios involucra aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento”, agregando “…esta misma actividad debe resultar inescindible de la empresa principal si integra la definición del producto (bien o servicio) ofrecido o esperado por los destinatarios, según las expectativas del mercado o que se trata de aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en el establecimiento principal”.

Profundizó la sentencia en torno al análisis estructural de la subcontratación, expresando que el Art. 30 L.C.T. refiere a su criterio, a la actividad relacionada con la unidad técnica de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa y, así, debe descartarse la actividad accidental, accesoria o concurrente, afirmando “…el hecho de que el quehacer del subcontratista resulte coadyuvante a la del empresario principal, no resulta suficiente para subsumir ese hecho en el art. 30 de la LCT. Esto es, la simple circunstancia de que una entidad, en este caso, dedicada a los servicios bancarios y financieros, subcontrate los servicios gastronómicos no justifica el reproche de responsabilidad que predica la ya citada normativa…”

Lamentablemente, como anticipé, estos tipos de antecedentes judiciales, no implican entenderlos como una norma de carácter general ni establecen un parámetro de conducta que podamos seguir a futuro, es conocido la existencia de múltiples antecedentes en sentido contrario, en donde empresas han sido condenadas por el servicio comedor desplegado en su establecimiento (basta recordar solamente que es una de las mayores problemáticas de los clubes deportivos, condenadas por los empleados de la concesión de su buffet, pese a que la situación fáctica es la misma).

Lo grave sobre la ambigüedad de la normativa del Art. 30 de la L.C.T., es que impone a la empresa, a una responsabilidad solidaria sobre la que no tiene la gestión ni la injerencia, en muchos casos sin siquiera poder determinar sus alcances reales, contando meramente con la posibilidad de un control formal de la misma; necesario, pero en muchos casos insuficientes.

En efecto, la jurisprudencia mayoritaria, lamentablemente, ha interpretado además que los deberes de control que la normativa impone al contratante, tampoco lo liberan de responsabilidad alguna, imponiendo una suerte de “responsabilidad objetiva”. De tal modo que acontecido un incumplimiento por parte del subcontratista – cualquiera sea este -   se entiende incumplido el deber de control impuesto por la normativa.

Resulta entonces ineludible que, hasta tanto alguna reforma legislativa permita delimitar con mayor precisión los alcances de la solidaridad laboral analizada, en particular sobre el control impuesto al contratante; que los jueces interpreten la normativa en una línea conceptual similar, y analicen sus consecuencias de un modo razonable, sobre todo en cuanto a los deberes impuestos al contratante, resultando razonable entender la dimensión de la empresa, su organización, actividad, finalidad y estructura, como un prisma interpretativo de dicha norma.

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