Marcha atrás (parcial) del Gobierno en cuanto al carácter de las retribuciones que se abonan durante el aislamiento

En el día de hoy, 1 de abril de 2020, se publicó en el Boletín Oficial la resolución 279/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la cual se deroga, con carácter retroactivo, la resolución 219/2020 (también dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social).

Más allá de lo cuestionable que resulta una derogación retroactiva, que en el contexto de emergencia económica y virtual paralización del servicio de justicia tiene poco sentido analizar, lo concreto es que al derogar la resolución 219/2020 dejaría de tener vigencia la posibilidad de pagar como no remunerativa las sumas correspondientes a trabajadores que no cumplieran con régimen de teletrabajo. 

 

Sin embargo consideramos que esta posibilidad subsiste por cuanto el decreto 297/2020 (que dispuso el aislamiento obligatorio) indica en su art. 8 el derecho “al goce íntegro de sus ingresos habituales” sin especificar concretamente que a esas sumas deba otorgársele carácter remuneratorio. Al mismo tiempo, resultando indudable que desde que rige el aislamiento, en el caso de quienes no cumplen un régimen de teletrabajo, no ha habido prestación laboral alguna, sería lógico considerar ese pago como no remunerativo. Ello por cuanto el eventual pago no remunerativo que se haga (por lo devengado entre el 20 y el 31 de marzo de 2020) no afecta “al goce íntegro” de los “ingresos habituales” del trabajador. Por lo expuesto, aún con la derogación de la resolución 219/2020, creemos que es viable liquidar como no remunerativa la suma que corresponde al período transcurrido entre el 20 y el 31 de marzo.

 

Sí debería aclararse en el recibo que esa suma se paga como “no remunerativa” sin hacer mención de la resolución 219, ya que ha sido derogada. 

 

Por último, siendo que el decreto 329/2020 ha ratificado la vigencia del art. 223 bis de la LCT, sugerimos a quienes quieran pagar sumas no remunerativas que transiten los procedimientos específicos según la cantidad de trabajadores que se quiera afectar a la medida (procedimiento preventivo de crisis regulado por la ley 24.013 o procedimiento de crisis regulado por el decreto 328/88), debiendo también notificar de ello expresamente a cada uno de los empleados involucrados.

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