Ser bueno es fácil; lo difícil es ser justo

Por Lucas Battiston, Socio Director de ASB Abogados.

En fecha 19 de mayo de mayo de 2020 se publicó el Decreto de necesidad y urgencia 487/2020 mediante el cual se dispone la prórroga de la prohibición de despidos sin causa, despidos por causa de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador y la prohibición de las suspensiones por fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador (a excepción de las instrumentadas a través del art. 223 bis de la LCT). Con esta prórroga el plazo de prohibición de este tipo de medidas se extiende hasta el 31 de julio de 2020.

Se dispone por ende, que cualquier despido operado en estos términos no producirá efecto alguno y que se mantendrá vigente la relación laboral.

Más allá de la dudosa técnica del decreto en cuestión, por cuanto por un lado se prohiben las suspensiones y por el otro se admiten las del art. 223 bis LCT cuando la realidad es que este artículo no regula un supuesto especial de suspensión distinto a las que regulan los arts. 219 a 221 LCT, como así también que seguir extendiendo la prohibición de despidos y suspensiones puede llevar a que esta norma sea declarada inconstitucional (por ser contraria al derecho de ejercer industria lícita, contratar y ejercer el comercio), la intención de este artículo no es realizar un estricto análisis jurídico de la cuestión.

 

Entendemos que la situación que ha planteado el Gobierno para “sostener” el empleo o paliar la situación de gravedad económica peca de un defecto ya muy conocido por los argentinos que es derivar al sector privado cargas que son propias de la Seguridad Social. Y esta medida de prorrogar la prohibición de despidos y suspensiones va en el mismo sentido.

Recordemos que en función de los distintos decretos que ha ido sancionando el Poder Ejecutivo, se mantiene para los empleadores la obligación de pago del salario pese a que el trabajador, en muchos casos, ni está a disposición ni presta servicio alguno para la empresa (excepción hecha claro está de quienes cumplen funciones en modalidad de teletrabajo). Esta medida es totalmente contraria a lo establecido en el art. 103 de la LCT que expresamente dispone que el derecho al cobro del salario existe por la prestación efectiva o la puesta a disposición. Pues bien, aquí no hay siquiera puesta a disposición pero se carga al empleador con el pago del salario. ¿Por qué?

 

La situación del trabajador que no presta servicio con motivo de la pandemia es más asimilable a la de un desempleado que a la de un trabajador “licenciado” con lo cual debería ser el Estado quien pague la remuneración de aquellos empleados que no prestan débito alguno.

 

Para que se entienda el punto: es razonable que el trabajador siga teniendo un ingreso. Lo que no resulta razonable es que se cargue con ello al empleador que en muchos casos, por no poder desarrollar su actividad, no tiene ingreso alguno desde el inicio de la cuarentena.

Ahora bien, pese a que se obliga al empleador a continuar pagando por un servicio que no recibe, además se lo obliga a mantener vigente la relación laboral e incluso se le prohíbe realizar suspensiones (salvo las pactadas en los términos del art. 223 bis LCT y con el acotado margen que deja el acuerdo UIA-CGT o bien los acuerdos sectoriales que se han ido firmando).

 

¿Dónde está la lógica de esto? ¿Dónde queda la facultad que tiene todo empresario de organizar su actividad y desarrollarla, dentro de los límites de legalidad, como mejor le parezca?

 

Se podrá argumentar, como lo hace el Gobierno, que las “ayudas económicas” vienen a paliar esta situación. Ahora bien, si analizamos los montos erogados por el Estado Argentino en comparación con lo hecho por otros Estados, apreciamos que esta “ayuda” resulta por demás insuficiente. Así por ejemplo, España ha destinado el 20% de su PBI a ayudas económicas, Italia el 20%, Francia el 12%. Si miramos en la región, Chile ha destinado el 7% de su PBI, Brasil prevé el 10% y Perú el 12%. En el caso de Argentina se proyecta una ayuda del 5,6%, es decir muy por debajo de los ejemplos señalados.

 

Se podrá argumentar que nuestro país ya venía de varios años de crisis económica y que no ha posibilidad de más.  Pero en tal caso la crisis de arrastre que muchos sectores venían sufriendo justifica aun más el planteo de injusticia en las medidas de restricción de despidos o suspensiones plenas, limitando facultades constitucionales que corresponden al empleador que hacen a la organización del trabajo y a ejercer toda industria lícita, sobre todo ante la necesidad de adaptar sus organizaciones hacia la subsistencia.

 

La asistencia económica que se ha generado a instancias del ATP desde ya que es una medida saludable y necesaria, pero se convierte en un mero placebo ante la extensión de la inactividad económica por efectos de la emergencia sanitaria; generándose cargas al sector privado que difícilmente puedan sostenerse. En ese contexto, prorrogar la prohibición de despidos y suspensiones en un sentido absoluto contrasta con la necesidad de sostener la producción como fuente generadora de empleo.

Sumo a lo expuesto la disparidad de esfuerzos que se evidencian entre el sector privado y el sector público. Mientras en el sector privado se negocian suspensiones y pagos de sumas no remunerativas, con rebaja de salarios promedio de entre el 20% y el 25%, en el sector público no hay esfuerzo alguno. Mientras el sector privado está evaluando como ajustan sus estructuras para subsistir en un escenario postpandemia que implica profundos cambios en la mayoría de las actividades, en el sector público no surge ningún anuncio de cambio en su estructura.

 

No cabe ninguna duda que la salida a esta crisis implica la necesidad de todos – sector público y sector privado, empleadores y empleados, colaboradores, proveedores, etc – de compartir el esfuerzo y sobre todo que aquellos quienes ocupan posiciones de jerarquía den el ejemplo en esa línea.

 

Es hora que empecemos a evaluar el contexto general y establecer un marco adecuado e integral para sostener la actividad productiva y el empleo. Como decía Victor Hugo “Ser bueno es fácil; lo difícil es ser justo”.

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