Teoría de la imprevisión

Con motivo de COVID – 19 surgen consultas referidas a cómo comportarse en el marco de una relación contractual con prestaciones recíprocas pendientes o de ejecución diferida, atento la nueva realidad mundial; y, por lo tanto nacional, de crisis económica generada a partir de esa enfermedad.

Surge así el interrogante de cómo y cuándo se debe aplicar la “teoría de la imprevisión” legislada actualmente en el art. 1091 del nuevo Código Civíl y Comercial de la Nación (“CCyCN"), norma que, a su vez, posee íntima o estrecha vinculación con el caso fortuito o la fuerza mayor (art. 1730 CCYCN) y el hecho del príncipe.

 

Preliminarmente cabe destacar que la teoría de la imprevisión tiene indudable fundamento legal en la buena fe cuyo principio general obra en el art. 9 del CCyCN, el cual se hace absolutamente aplicable a los vínculos contractuales, en tanto, así lo dispone expresamente el Código en su art. 961.

 

De allí que todas las partes deban dispensarse buena fe a lo largo de la negociación, interpretación y ejecución del contrato. 

 

La buen fe tiene por función: i) complementar el ordenamiento legal, ii) Limitar los derechos subjetivos; y, iii) corregir el ordenamiento jurídico.

 

En ese marco es que no se puede forzar a una parte a cumplir su obligación cuando han cambiado sustancialmente las condiciones en que el contrato se originó. Nuevas condiciones que de haber existido al tiempo de su celebración, no hubieran permitido el contrato; o, en caso contrario, lo hubieran permitido, pero en condiciones radicalmente diferentes.

 

La imprevisión se basa -entonces- en el hecho que las obligaciones establecidas en un contrato se entienden contraídas en virtud de ciertas condiciones prevalecientes al momento de su celebración, las cuales son un faro que debe servir de guía, y deben ser tenidas en cuenta por ambas partes y por terceros (Jueces) a lo largo de todo el vínculo en el marco de la mencionada buena fe del art. 9 y principalmente del art. 961 del CCyCN, todo ello a efectos de no ejercer derechos en forma abusiva (art. 10 CCyCN). De allí que una de las funciones de la buena fe sea -como ya dijimos- la de limitar los derechos subjetivos de los justiciables.

 

Precisamente, por distintas circunstancias imprevisibles para las partes al momento de perfeccionarse el contrato, la equivalencia de las prestaciones originales (léase, la ecuación económica que tuvieron en vista al suscribirlo) puede perderse, dejando a una de las partes en una grave desventaja frente a la otra. Su prestación se ha hecho de tal modo gravosa frente a la prestación de la otra parte que, y con fundamento en la equidad, el juez puede determinar la extinción o modificación de su prestación (art. 960 y 1091 CCyCN) limitando el derecho de la otra parte para que no sea abusivo su ejercicio ni gravoso su cumplimiento.

 

En efecto, por intermedio del art. 1091 se puede: i)  pedir la resolución total o parcial del contrato, o, ii) su adecuación. 

 

Finalmente, resulta de sustancial importancia para poder iniciar y obtener con éxito una sentencia favorable, destacar que el art. 1091 del CCyCN eliminó un requisito muy cuestionado del anterior Código que imponía que  el deudor no se encontrara en mora.

 

En el caso, es de una notoriedad absoluta que la enfermedad existe a lo largo y ancho de los 5 continentes habiéndose convertido en una PANDEMIA mundial que afecta la economía de todos los estados y de sus integrantes, también es de una absoluta obviedad que el Estado Nacional por intermedio del Poder Ejecutivo Nacional tuvo que dictar por cuestiones de necesidad y urgencia, a efectos de preservar la salud pública, una serie de decretos (hecho del príncipe) que impiden por caso fortuito o fuerza mayor cumplir con el pago del precio convenido contractualmente en tanto el aislamiento dispuesto genera que el contratante no pueda tener ingresos suficientes para cubrir sus costos, y de allí surge estricta necesidad de aplicar la teoría de la imprevisión a los contratos en curso de ejecución a fin de preservar las relaciones contractuales vigentes, mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo y equilibrar las pérdidas en forma proporcional entre todos los integrantes de la comunidad. 

 

Quedan así configurados a grandes rasgos la forma y el modo en que tal teoría deberá y podrá ser aplicada en lo sucesivo, pudiendo la parte perjudicada antes de que la contraria resuelva el contrato por incumplimiento del precio convenido, iniciar demandas y solicitar medidas cautelares o preventivas pidiendo que se fije un precio razonable mientras dure el pleito  en razón de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, ofreciendo a tales efectos una contra cautela suficiente hasta tanto se dicta sentencia definitiva. 

© 2020 Sitio creado por Barzza