Cuando la tercerización en la contratación laboral es utilizada abusivamente y la contingencia para las empresas usuarias es altamente gravosa. 

 

Por la Dra. Laura Valencia – Socia en ASB Abogados  

A raíz de una reciente sentencia definitiva dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones el pasado 19 de Abril del año en curso, en autos GEREZ, VICTORIO OSVALDO c/ NOVARTIS ARGENTINA SA Y OTROS s/ DESPIDO, los Camaristas Daniel Stortini y Roberto Pompa, confirmaron lo resuelto en Primera Instancia, reafirmando la incorrecta utilización de la “tercerización” en la contratación laboral del trabajador; los reales parámetros del vínculo laboral; y el impacto económico que ello representa para la empresa usuaria, considerada empleadora directa y real de aquel.

 

En el caso, llegaron las actuaciones de referencia a la Sala a los fines de resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada NOVARTIS ARGENTINA S.A. su Presidente y Directores Titulares contra la sentencia de Primera Instancia que hizo lugar a la demanda.

 

Al respecto, luego de analizar el comportamiento de las partes, pruebas ofrecidas y rendidas, planteos y defensas, la Sentencia de Grado, se reitera, confirmada por el Superior, consideró demostrado el cumplimiento ininterrumpido de labores por parte del actor desde la fecha denunciada, esto es, 1º de junio de 1993; entendiendo por tanto, que el vínculo laboral de aquel quedó trabado con NOVARTIS ARGENTINA SA durante todo el tiempo de su desempeño, de conformidad con lo dispuesto en el art. 29 de la LCT primer primero y segundo párrafo; resultando  la intervención de la codemandada Servyar SRL -última empresa que figuró como empleadora “formal” del actor- como la propia de una mera intermediaria. En base a ello, se dispuso que el despido indirecto en que se colocó el actor resultó ajustado a derecho condenando a la empresa NOVARTIS ARGENTINA S.A., como real empleador, al pago de las indemnizaciones legales respectivas y multas de la ley de empleo. Asimismo fueron condenados solidariamente su Presidente y Directores Titulares; a la vez que la última empresa que actuó como intermediario fraudulento.

 

De tal forma, la empresa demandada NOVARTIS ARGENTINA S.A. apeló la condena en los términos del art. 29 LCT, la procedencia de las indemnizaciones por despido, la aplicación de la multa previstas en el art. 8 y 15 de la ley 24.013, multa art. 2 de la ley 25.323 y multa art. 45 de la ley 25.345; mientras que las personas físicas codemandadas cuestionaron la condena solidaria dispuesta, con sustento en lo normado por la Ley General de Sociedades.

 

La defensa de la empresa accionada fue idéntica a la expresada en su contestación de demanda, esto es, negar el carácter de empleador real, plantear que las tareas realizadas por el actor no eran las propias de su objeto social (fabricación y comercialización de especialidades medicinales); sostener que con la “empresa contratante” del trabajador (Servyar SRL) mantuvo sólo vínculo comercial para la provisión de servicio de limpieza; y que el trabajador se encontró debidamente registrado por aquella. Todo ello sin ninguna apoyatura probatoria.

 

De tal forma, los Camaristas, al igual que el juez de Grado, entendieron que no se encontraron justificadas las razones por las que, pese a que el trabajador se encontró asignado en forma personal a un puesto (que abarcaba más allá de la limpieza) dentro de la empresa NOVARTIS ARGENTINA S.A., se sucedían como empleadoras “formales” diferentes firmas que prestaban servicios de limpieza, que en definitiva, actuaron como meras intermediarias, en un comportamiento de interposición por ocultamiento de la verdadera persona de empleador; lo que condujo inexorablemente a la aplicación de lo dispuesto en el art. 29 de la LCT., que dispone en su primer párrafo “los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación”

 

Es importante remarcar que lo dispuesto en tal normativa resulta ser una medida destinada a sancionar supuestos de fraude, acorde con lo establecido en el art. 14 LCT.

 

Una vez más, los Jueces vieron aquí, el abuso que siguen cometiendo muchas empresas, en el caso, una multinacional como NOVARTIS ARGENTINA S.A., quien a lo largo del extenso vínculo laboral -de casi 20 años-, hizo aparecer a un tercero como contratante del trabajador –en realidad, fueron varias las empresas que figuraron “en los papeles” como empleadores formales de la relación (Blac Service S.R.L., Servi Clean S.A., Edeman SRL y en el último tiempo, Servyar S.R.L.), resultando aquella la única beneficiaria de la prestación; concluyendo que no se trató de una tercerización real de actividades sino de la interposición fraudulenta de empresa en la contratación.

 

La vasta Jurisprudencia del fuero en casos como el que se comenta, marca que dicha conducta seguida por las empresas como la demandada, no es inocente y llevan a prácticas laborales injustas, puesto que, en definitiva, a través de dicha maniobra, pretenden trasladar el riesgo empresario, evadiendo sus obligaciones laborales y previsionales, vulnerando flagrantemente los derechos del trabajador.

En el caso, el registro sucesivo por diferentes empresas distintas de NOVARTIS ARGENTINA S.A. (una inhabilitada, otra quebrada), durante casi 20 años en que el trabajador cumplió sus tareas ininterrumpidamente, conllevó una segmentación del tiempo de servicio, claramente perjudicial a los intereses del actor, que disminuyen o cercenan los derechos derivados de la antigüedad -que proyectan sus efectos sobre el salario, las vacaciones y otras licencias-; el pago de salarios inferiores a los que debiera habérsele liquidado de haber estado registrado de manera efectiva por el real empleador y aplicado el convenio colectivo de trabajo correspondiente; la eterna “tercerización” del trabajador y el sentimiento de no pertenencia o de exclusión generado por la propia corporación.

 

Es por ello que, en la mayoría de los casos, debidamente planteados y en donde el trabajador logra acreditar, con la prueba ofrecida y rendida, que su prestación benefició siempre a la empresa usuaria, ciertamente la Justicia termina condenando a ésta última en base a lo dispuesto en el art. 29 de la LCT, e incluso, como en el caso bajo análisis, extendiendo la condena al Presidente y Directivos.

 

En la práctica, se observa que la interpretación que hace la Justicia de las defensas que plantean las empresas es que se basan en una simple postura negadora de la realidad; en el imaginario de la existencia de una “industria del juicio” a favor del trabajador; en la tozudez de alegar -sin justificación ni prueba alguna- la correcta utilización de la tercerización en la contratación del empleado como práctica habitual y normal, cuando la realidad y las pruebas arrimadas por el trabajador, le demuestran al Juez que resulta ser una intermediación fraudulenta; agraviándose luego por el resultado de la sentencia que no sólo condena a la empresa a abonar los rubros derivados del despido sino también las multas dispuestas en la ley de empleo, intereses y costas, lo que hace que la condena termine duplicándose y/o triplicándose en relación al monto demandado por el trabajador originariamente. Ello, en parte también, con motivo de la extensión de los tiempos en la tramitación y resolución existente de los juicios laborales hoy día.

La procedencia de las multas de la ley de empleo, resultan por aplicación de la normativa referenciada, sustentada asimismo en la doctrina Plenaria establecida por la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo recaída en los autos “Vázquez, María Laura c/ Telefónica de Argentina S.A. y otro s/ Despido”, Fallo Plenario 323 del 30/06/10, en virtud de la cual sentó que “Cuando de acuerdo con el primer párrafo del artículo 29 LCT se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el artículo 8º de la ley 24.013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria”, determina que en el presente caso se torne viable la condena de la dispuesta por el art. 8º de la referida ley. Por lo tanto, corresponde confirmar el decisorio cuestionado en cuanto hace lugar a la indemnización prevista en el art. 8 de la ley 24.013”.

En importante destacar que en relación a la fuerza vinculante del Plenario mencionado, el artículo 303 incorporado al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación con la sanción de la ley 27.500 (B.O.10/01/19), no deja lugar a dudas respecto a la obligatoriedad de los plenarios, en este caso, emanado de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Por lo que, de acuerdo a las resoluciones emanadas de nuestros Tribunales, la tercerización con intención elusiva, o el uso abuso de la misma, por parte de las empresas puede costarle caro.

Pero hay más. La contingencia puede ser doble en términos previsionales, puesto que la sentencia condenatoria puede disponer asimismo la registración del trabajador por parte de la empresa que resulta ser empleador directo y real del trabajador, implicando ello el alta en AFIP, declarando el vínculo y la confección de las DD.JJ. de las remuneraciones devengadas, con el consecuente ingreso de aportes y contribuciones por ante los organismos de la seguridad y obra social. En el caso bajo análisis, los Camaristas confirmaron la sentencia de grado condenando a NOVARTIS ARGENTINA SA a hacer entrega al actor de los certificados de trabajo previstos en el art. 80 de la L.C.T.,  bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias.

Si bien el riesgo siempre existe para ambas partes del juicio, la realidad y los antecedentes jurisprudenciales como el comentado en ésta nota, dan cuenta de lo gravoso que el resultado de una sentencia condenatoria puede resultar en términos económicos-financieros para las empresas que desvirtúen la figura de la tercerización en la contratación de empleados.